AGMER cuestionó el Presupuesto 2027 y advirtió sobre el deterioro de la educación pública en Entre Ríos
Durante el encuentro, representantes del gremio expresaron su preocupación por la continuidad de las políticas del gobierno de Rogelio Frigerio y consideraron que las partidas previstas profundizarían el deterioro de la educación pública provincial.
Uno de los principales puntos abordados fue el financiamiento educativo. Desde AGMER cuestionaron que los recursos contemplados en el proyecto presupuestario no se correspondan con las necesidades del sistema y señalaron que existe una falta de inversión en áreas que consideran esenciales. También plantearon que, pese a la vigencia de la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa, los funcionarios provinciales argumentan limitaciones legales para financiar determinados gastos.
Reclamos salariales y condiciones laborales
En materia salarial, el sindicato advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y afirmó que Entre Ríos ocupa el puesto 23 en el ordenamiento nacional de salarios docentes.
Asimismo, cuestionó los aumentos otorgados por decreto tras instancias paritarias que, según sostienen, resultan insuficientes frente a la inflación.
Durante la reunión también se plantearon otras problemáticas del sector, como el endeudamiento de los trabajadores, situaciones vinculadas a la salud mental, la sobrecarga laboral, la falta de cobertura de cargos y la escasez de personal auxiliar en los establecimientos educativos.
Infraestructura escolar y falta de inversiones
Otro de los ejes centrales fue el estado edilicio de las escuelas entrerrianas. AGMER expuso su preocupación por el deterioro de los establecimientos, las consecuencias de las emergencias climáticas y las dificultades de acceso a escuelas rurales debido al estado de los caminos.
Según el gremio, durante los últimos tres años no se realizaron licitaciones para construir nuevas escuelas en la provincia. También cuestionó que las tareas ejecutadas se concentren en arreglos menores, denominados oficialmente «intervenciones», y que parte de los costos de mantenimiento y reparación terminen siendo afrontados por las cooperadoras escolares.
Cuestionamientos a la política educativa
Los representantes sindicales también manifestaron preocupación por el funcionamiento del Consejo General de Educación (CGE), al que cuestionaron por el desconocimiento de la realidad del sistema educativo y por la implementación de mecanismos administrativos que, según señalaron, generan persecución y sanciones hacia directivos y docentes.
En ese sentido, mencionaron las dificultades para cumplir con la carga de asistencia en el sistema SAGE, que requiere conexión a internet, mientras numerosos establecimientos no cuentan con ese servicio financiado por el Esta
