Clínicas privadas anunciaron una suspensión de servicios para afiliados de PAMI: qué pasará en Entre Ríos

Cuatro entidades que representan a más de 100 instituciones sanitarias del país anunciaron una suspensión de la atención a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) durante 48 horas, en medio de un conflicto por los valores que reconoce la obra social y las condiciones en las que se brindan las prestaciones.

La medida fue anunciada para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre y, según lo informado, no alcanzaría en principio a las emergencias. Sin embargo, su implementación podría afectar consultas y otras prestaciones médicas para jubilados y pensionados en distintas provincias.

En Entre Ríos, fuentes consultadas por Elonce señalaron que, hasta el momento, la medida no tendría impacto. La situación podría modificarse en función de cómo evolucionen las negociaciones entre los prestadores y las autoridades de PAMI.

Cuáles son los reclamos de las clínicas

La protesta fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia.

Las entidades reclaman una recomposición de los aranceles, la regularización de los pagos y una revisión de los contratos que establecen las condiciones de atención para los afiliados.

Desde el sector sostienen que el aumento de los costos operativos, los medicamentos y los insumos médicos quedó muy por encima de las actualizaciones otorgadas en los últimos años. Por ese motivo, advierten que la situación económica compromete la continuidad de algunas prestaciones.

El objetivo de la medida, según expresaron los representantes de las instituciones, es obtener una respuesta que permita sostener los servicios y evitar un mayor deterioro del sistema privado de salud.

PAMI mantiene negociaciones con los prestadores

Desde la obra social indicaron que las conversaciones con las entidades continúan abiertas. Según fuentes citadas por La Nación, el viernes pasado se alcanzó un entendimiento para actualizar los valores de determinadas prácticas clínicas.

Desde PAMI sostuvieron que la propuesta representa una recomposición cercana a la inflación acumulada durante 2026 para las prestaciones incluidas en el acuerdo.

Además, se encontraba prevista una reunión de los equipos técnicos para el jueves 22 de octubre, con la intención de avanzar en las negociaciones.

No obstante, las cámaras empresarias consideran que los incrementos ofrecidos resultan insuficientes para compensar el atraso acumulado. Por ello, anunciaron una consulta entre las instituciones asociadas para resolver si mantienen o dejan sin efecto la suspensión.

La diferencia entre los aranceles y la inflación

Uno de los principales argumentos de los prestadores es la brecha entre el incremento de los costos y los valores que reconoce PAMI.

De acuerdo con cifras aportadas por el sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada fue del 241,8%, mientras que la cápita abonada por PAMI aumentó un 110,55% en promedio.

Según esos cálculos, sería necesaria una actualización cercana al 62% para equiparar la evolución de los aranceles con la inflación registrada desde fines de 2023.

Otro relevamiento de Capress, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2022 y junio de 2026, indica que la cápita del segundo nivel de atención aumentó un 447,47%, frente a una inflación acumulada del 942,35%, según los datos del Indec citados por la entidad.

La cámara sostiene que los aranceles deberían incrementarse más de un 90% para recuperar la relación que mantenían con los precios a fines de 2022. También señaló que los medicamentos registraron una suba del 1.181,70% durante ese período, de acuerdo con un índice sectorial.

Cuestionamientos por los límites a las prestaciones

Además de los reclamos económicos, las clínicas expresaron su preocupación por las condiciones de contratación y los límites establecidos para determinadas prácticas médicas.

Entre los servicios mencionados figuran procedimientos de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía, áreas que requieren equipamiento, insumos y personal especializado.

Los representantes del sector también advirtieron sobre las posibles derivaciones de pacientes hacia hospitales públicos, lo que podría aumentar la presión sobre establecimientos que ya afrontan una elevada demanda.

Según las entidades, el sector privado concentra aproximadamente el 56% de las camas disponibles en el país, por lo que consideran fundamental garantizar su sostenibilidad.

Los aumentos otorgados durante 2026

Las clínicas señalaron que PAMI dispuso incrementos del 1,9% en junio y del 8% en julio para determinadas prácticas, aunque remarcaron que las actualizaciones no alcanzaron de manera uniforme a todos los servicios.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, en Río Negro, sostuvo que el incremento aplicado durante el año en las clínicas patagónicas alcanzó solamente a una parte de las prestaciones.

El directivo afirmó que los servicios de alta complejidad quedaron excluidos de algunos aumentos e incluso registraron una reducción de valores en octubre.

También cuestionó que la propuesta más reciente de PAMI, vinculada con los incrementos salariales acordados en paritarias, no resulte suficiente para resolver las dificultades financieras de las instituciones.

Según su estimación, al considerar tanto las prestaciones que recibieron actualizaciones como aquellas que quedaron excluidas, el incremento promedio de los primeros nueve meses del año no superaría el 4% o el 5%, aunque aclaró que la situación varía según cada establecimiento.

Reclamos tributarios y deudas del sector

El conflicto incluye, además, pedidos de cambios impositivos y medidas para afrontar las deudas acumuladas por las instituciones sanitarias.

Las entidades indicaron que el 14 de septiembre solicitaron una audiencia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar la situación económica del sector.

Entre los planteos figura una reforma tributaria y una solución para cerca de 5.000 entidades con deudas fiscales, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad de determinadas disposiciones que limitan las ejecuciones por obligaciones impagas.

Mientras continúan las negociaciones, la principal preocupación pasa por determinar si la suspensión anunciada se llevará adelante y qué alcance tendrá en cada provincia.

Por el momento, según las fuentes consultadas por Elonce, Entre Ríos no estaría alcanzada por la medida. La situación deberá seguirse de cerca, ya que cualquier modificación podría repercutir en la atención de jubilados y pensionados afiliados a PAMI.