OSER: una reforma que prometió soluciones y todavía no logra resolver los problemas

La entrevista que el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, mantuvo anoche con el periodista Daniel Enz, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), dejó varios aspectos para analizar. Más allá de la defensa de la actual conducción, sus respuestas expusieron dificultades que todavía persisten en el funcionamiento de la obra social.

El gobernador Rogelio Frigerio ha definido a OSER como «la obra social número uno del mundo, lejos». Sin embargo, esa afirmación contrasta con los problemas que el propio vicepresidente reconoció durante la entrevista: demoras en la provisión de medicamentos, prestaciones que aún no se restablecieron y conflictos con los prestadores.

Después de casi dos años de intervención y transformación institucional, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿mejoró realmente la situación de los afiliados?

Controlar no es lo mismo que gestionar
Una parte importante de la entrevista estuvo destinada a explicar los controles sobre las prestaciones médicas y las facturaciones. García defendió la política de auditorías y sostuvo que la nueva etapa consiste en «controlar cada centavo que se pague». También justificó los débitos aplicados a prestadores ante posibles irregularidades, como la duplicación de consultas.

El control de los recursos es necesario. Nadie puede oponerse a las auditorías, la transparencia y la correcta administración de los fondos de los afiliados. Pero controlar no puede convertirse en una excusa para no resolver los problemas de funcionamiento, mucho menos cuando las dificultades administrativas terminan afectando a quienes necesitan atención médica.

El propio García reconoció que todavía no existe un convenio escrito y estable con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), pese a los reiterados conflictos. También admitió que la cobertura de anteojos continúa pendiente y que la regularización de las prestaciones odontológicas avanza lentamente.

La pregunta es concreta: ¿de qué transformación hablamos si, después de tantos meses, todavía hay prestaciones básicas que no se recuperaron y conflictos con los prestadores que se repiten?

Cuando los medicamentos no llegan, el relato se termina
Uno de los momentos más significativos de la entrevista estuvo relacionado con la provisión de medicamentos para pacientes diabéticos.

García reconoció que durante octubre se registraron demoras, que atribuyó a faltantes de stock de un laboratorio. Explicó que las autorizaciones estaban vigentes, aunque los medicamentos no llegaban a las farmacias, y admitió que todavía existen casos puntuales en proceso de resolución.

En relación con los tratamientos oncológicos, aseguró que la cobertura alcanza el 100%, pero reconoció que el inicio de determinados esquemas de medicación puede demorar entre 30 y 45 días debido a los procesos de estudio y validación.

Es precisamente ahí donde aparece la distancia entre el discurso administrativo y la realidad sanitaria. Para quien necesita un medicamento oncológico, 30 o 45 días no son simplemente un plazo administrativo: representan incertidumbre y preocupación para el paciente y su familia.

Para una persona con diabetes, la continuidad de su tratamiento tampoco puede depender de los tiempos de reposición de un laboratorio.

No alcanza con decir que las autorizaciones están vigentes si los medicamentos no llegan. La obligación de una obra social es garantizar efectivamente las prestaciones, no solamente cumplir con un procedimiento interno.

Los números también exigen explicaciones
La situación económica de OSER merece un análisis particular.

García reconoció que el déficit nominal se mantiene, aunque sostuvo que se redujo en términos reales y que no representa una preocupación mientras no afecte la calidad de la atención.

Pero esa última condición es justamente la que está en discusión.

Una semana antes, el síndico Pablo Giampaolo había advertido, también en Cuestión de Fondo, sobre el deterioro económico e institucional del organismo.

Según los estados contables que mencionó, la deuda pasó de aproximadamente 10.000 millones de pesos en 2023 a 56.000 millones en 2024 y superó los 80.000 millones a diciembre de 2025. También señaló que el gasto aumentó alrededor de un 43% durante 2025, por encima de la inflación del 31,5% que tomó como referencia.

Giampaolo sostuvo, además, que la reducción de las pérdidas obedeció principalmente al incremento de los ingresos aportados por los propios afiliados y no a una disminución del gasto.

Son cifras que merecen explicaciones documentadas y respuestas institucionales.

A esto se suma otro cuestionamiento: el síndico denunció dificultades para acceder a información y ejercer plenamente sus funciones de fiscalización. Según planteó, una circular del directorio exige la doble firma de los síndicos para elevar informes y pedidos de información, una disposición que, a su entender, limita el ejercicio de su tarea de control.

Si la reforma fue presentada como un camino hacia una administración más transparente, no puede terminar debilitando los mecanismos de fiscalización previstos por la propia ley.

Una reforma que todavía no muestra los resultados prometidos
La Ley 11.202 y la creación de OSER fueron presentadas por el Gobierno como una respuesta a una crisis que requería cambios profundos. Se habló de eficiencia, transparencia, modernización y recuperación de la capacidad de gestión.

Nadie discute que el IOSPER necesitaba cambios. Tenía problemas y requería una transformación. Pero reconocer las dificultades de la etapa anterior no significa otorgarle a la actual administración un cheque en blanco ni justificar sus resultados.

El Gobierno de Rogelio Frigerio intervino, modificó la estructura institucional y asumió la responsabilidad de conducir la obra social. Por lo tanto, también debe hacerse cargo de los resultados.

No puede atribuirse los supuestos logros y responsabilizar a otros por cada dificultad. Tampoco puede explicar todos los problemas por la crisis nacional, la inflación o los conflictos con los prestadores. Gobernar es, precisamente, hacerse cargo de los problemas y encontrar soluciones.

Después de casi dos años, la pregunta sigue siendo la misma: ¿están mejor los afiliados?

Una obra social no se mide por la cantidad de auditorías que realiza, por las herramientas digitales que incorpora ni por los anuncios de sus autoridades. Se mide por la atención que brinda, los medicamentos que entrega, las prestaciones que garantiza y la tranquilidad que ofrece a sus afiliados.

Frigerio sostiene que OSER es la «número uno del mundo». Su vicepresidente reconoce que todavía hay prestaciones pendientes, demoras y conflictos sin resolver. Y el síndico advierte sobre una situación económica e institucional preocupante.

La distancia entre esas declaraciones y la realidad merece una explicación.

OSER no necesitaba cambiar de nombre para cambiar de problemas. Necesitaba una gestión capaz de resolverlos. Y eso es lo que, hasta ahora, el Gobierno todavía no ha conseguido demostrar.

A los más de 300 mil afiliados les queda una pregunta: ¿OSER funciona bien o funciona mal? ¿Es un éxito o un fracaso de la gestión provincial?

Mi mirada es clara: OSER es el fracaso de una reforma que prometió soluciones y multiplicó los problemas.

El problema de OSER no es de comunicación. Es de gestión. Y la entrevista de Ricardo García volvió a ponerlo en evidencia.