La reforma previsional y una cuenta que llegará a los municipios

La recientemente aprobada Ley Provincial N.º 11.302 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional busca comenzar a resolver uno de los principales problemas estructurales de las cuentas públicas entrerrianas: el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Hace algunos meses, cuando la reforma todavía estaba en discusión, escribí en estas mismas páginas que, después de treinta años de postergaciones, era necesario abordar el problema previsional. Seguir sin hacer nada ya no parecía una alternativa responsable. Pero también planteaba que reconocer la necesidad de una reforma no significaba aceptar cualquier solución y que la verdadera discusión debía ser cómo corregir los desequilibrios y distribuir los esfuerzos de la manera más equitativa posible.

La ley ya fue aprobada. Ahora comienza precisamente esa segunda discusión. Su artículo 12, que aún no fue reglamentado, dispone que la Provincia, los municipios y las comunas adheridas deberán solventar el déficit previsional en la proporción en que cada jurisdicción lo haya originado.

Y allí aparece un tema de enorme importancia para las finanzas municipales, porque esos montos podrán ser retenidos directamente de los recursos que la Provincia transfiere a cada municipio, incluidos los coparticipables, reduciendo fondos que hoy forman parte de sus ingresos corrientes.

Las estadísticas que publica mensualmente la propia Caja permiten dimensionar el problema. Tomando los primeros siete meses de 2026 y proyectando esos resultados anualmente, podemos comprender el orden de magnitud del impacto en las tres principales ciudades adheridas al régimen provincial.

Para Concepción del Uruguay, el déficit atribuible al municipio podría rondar los $4.000 millones anuales, aproximadamente el 6,8% de todo su presupuesto municipal 2026. No es una cifra menor. Y existen al menos dos cuestiones que deberían formar parte de la reglamentación y de la discusión con los municipios.

1. Si los déficits son municipales, ¿qué pasó con los superávits?

Durante décadas los municipios adheridos participaron de un sistema previsional provincial solidario. Así, cuando los aportes y contribuciones de los trabajadores de un municipio superaban las jubilaciones pagadas a sus beneficiarios, el excedente permanecía dentro del sistema. El municipio no podía retirarlo, administrarlo, invertirlo ni constituir con él una reserva para afrontar futuros déficits.

Eso resulta lógico dentro de un sistema solidario. Pero entonces aparece una pregunta igualmente razonable: si los superávits fueron del sistema, ¿corresponde que ahora los déficits sean individualizados y cargados a cada municipio?

No conocemos cuál fue el resultado previsional acumulado de cada jurisdicción durante las últimas décadas. Pero los municipios organizaron durante años sus sistemas previsionales y sus finanzas bajo determinadas reglas. Si hubieran sabido que finalmente cada uno sería responsable financiero de su propio desequilibrio, algunos podrían haber evaluado alternativas diferentes.

Gualeguaychú, por ejemplo, mantuvo su propia Caja Municipal. Asumió sus riesgos, pero también administró sus recursos y pudo constituir reservas durante los períodos favorables.

Modificar ahora la forma efectiva en que se distribuye ese riesgo puede ser necesario, pero requiere reconocer esa historia y establecer una transición razonable y equitativa.

2. ¿Deben los municipios financiar las demoras de la Nación?

Entre Ríos no transfirió su sistema previsional a la Nación y, por ello, el Estado nacional debe financiar parte de su déficit previsional (hasta el límite resultante de su armonización con el régimen nacional). Esos recursos suelen llegar con importantes demoras, acumulando una deuda que la Provincia incluso reclamó ante la Corte Suprema.

A partir del nuevo régimen, la Provincia comenzará a trasladar a los municipios los déficits que cada uno vaya generando. Pero una parte de esos déficits se encuentra alcanzada por aquel mecanismo de financiamiento nacional. Entonces aparece una pregunta central: ¿corresponde que mientras la Nación demora esos pagos sean los municipios quienes terminen financiando ese incumplimiento?

Hay además un segundo problema. Cuando posteriormente la Nación pague fondos correspondientes a períodos cuyos déficits ya fueron cobrados total o parcialmente a los municipios, la Provincia recuperará recursos que previamente había obtenido de esos mismos gobiernos locales.

Si esos fondos no fueran reconocidos a cada municipio en la proporción correspondiente, una misma porción del déficit terminaría siendo financiada dos veces: primero por el municipio y después por la Nación.

Por eso, la reglamentación debería contemplar ambas situaciones: evitar, en la medida que corresponda, que los municipios financien transitoriamente las demoras de la Nación y garantizar que los recursos nacionales recibidos posteriormente por períodos ya cargados a los gobiernos locales sean reliquidados, compensados o acreditados a su favor.

Una reglamentación que merece ser discutida

La reforma previsional era necesaria y resulta razonable que todos los actores involucrados contribuyan a recuperar el equilibrio del sistema. Pero distribuir ese esfuerzo de manera justa es tan importante como resolver el déficit.

Por eso, antes de comenzar a trasladar a los municipios los déficits previsionales que establece el artículo 12, deberían quedar claramente definidos desde cuándo se computarán los resultados, qué tratamiento tendrán los superávits anteriores, qué gradualidad tendrá el nuevo esquema y cómo se contemplarán los recursos que posteriormente pueda recuperar la Provincia de la Nación.

Para Concepción del Uruguay no se trata de una discusión abstracta. Estamos hablando de alrededor de $4.000 millones anuales que dejarían de ingresar a la economía local, reduciendo recursos que de una u otra manera terminan circulando en el comercio, los proveedores, el empleo y la actividad de la ciudad. Un impacto especialmente sensible en un contexto ya golpeado, entre otros factores, por la crisis de GTA y la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

Resolver el problema previsional no debería significar trasladar desequilibrios de un nivel del Estado hacia otro, sino encontrar una solución con reglas claras, previsibilidad y una distribución equitativa de los costos.