Llevaron a cabo un encuentro para expresar el apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Esta mañana en el salón auditorio municipal “Arturo Illia”, instituciones, vecinos y representantes del Consejo Asesor de Discapacidad –ampliado- de Concepción del Uruguay, difundieron un comunicado en favor del sostenimiento y cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada días pasados por Senado de la Nación.

La lectura del documento estuvo a cargo de Julieta Cartelli. Previamente, Ángel Salamonini, responsable de la Dirección Municipal de Inclusión para las Personas con Discapacidad explicó que el texto será elevado a los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos y a los legisladores provinciales del departamento Uruguay.

Presente en la ceremonia, el intendente José Eduardo Lauritto, quien además es titular del Consejo Asesor de Discapacidad, destacó la seriedad con la que el organismo se ha expresado a través del comunicado.

“En este mismo lugar nació lo que se llamó Servicio de Atención Integral de las Personas con Discapacidad, por un hecho específico como lo fue el tratamiento de la Ley 24901; porque lo que se discutía entonces eran las prestaciones básicas en materia de discapacidad”, dijo el presidente municipal para añadir que “lo de hoy también responde a una auto convocatoria de las instituciones, mecánica que valoramos y agradecemos para darle sentido a los próximos pasos”.

Al respecto reafirmó que el tema “nos compromete a todos, estemos en el nivel que estemos”. Y siguiendo la voluntad del Consejo, anunció que se trasladará la inquietud planteada en el documento a los doce legisladores nacionales de Entre Ríos y a los tres departamentales de la legislatura provincial.

Lauritto resaltó –además- el valor institucional de la auto convocatoria “donde la Municipalidad tiene el compromiso de acompañar”, manifestó.

Durante la reunión representantes de las entidades que integran el Consejo y familiares de personas con discapacidad dieron testimonios de las graves dificultades que atraviesan, especialmente vinculadas con las prestaciones básicas.

Instituciones presentes

Asistieron al encuentro autoridades de las siguientes entidades: Proyecto Imaginarte, EPEI 1 Surco de Esperanza, Instituto de Formación Docente Tobar García, EEI N° 18 Juan Alberto Marcó, EEI N° 11 Pedro Ponce de León, Club Zaninetti – Basket Síndrome de Down, ASDCU, Hablamos de Autismo, Centro de Día El Despertar, ATPADIS, Fundación La Casita, Fundación Arene, Asociación Civil El Solar Uruguay y Asociación Familias Leonas - TDAH

El documento completo

“Emergencia en discapacidad” 

Ante la posibilidad real de veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por  unanimidad el pasado 10 de julio de 2025 en el Senado de la Nación, consideramos prioritario  expresar no solo nuestra postura como redactores de este documento, sino también visibilizar  la realidad situada en nuestro contexto geográfico y la necesidad de elaboración de un plan  de acción conjunto ante un eventual veto presidencial.

Resulta, real, tangible y comprobable el incumplimiento actual de la obligación del  Estado Nacional, asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con  Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044, de modificar leyes y  decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que  sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud,  habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con  discapacidad. Quienes vivenciamos esto cotidianamente, comprendemos que dar respuesta  a la situación extrema a la que se ha llegado no es un gasto, no es caridad, sino dar respuesta  a la garantización de derechos adquiridos y sus respectivas obligaciones.

Si bien el debate social no se puede resumir solamente al aspecto y alcance  económico de la implementación de una ley, consideramos que la realidad que hoy se está  padeciendo no debería ser un tema de equilibrio fiscal, sino de gestión, entendemos que no  formamos parte de una empresa, sino de una sociedad constituida por sujetos.

La emergencia es tan real como tangible, y no llegamos a ella de un día para el  otro, sino que esto viene de años, décadas de silencios y aceptaciones de un colectivo  muchas veces invisibilizado. La emergencia no solo está suscrita a un proyecto de ley que

oficie de “salvavidas”. La emergencia no responde a una postura opositora de un partido  político. La emergencia se hace visible en el día a día de todas las personas con  discapacidad y sus familias a la hora de no poder sostener los apoyos necesarios. La  emergencia se hace carne en un sistema de prestaciones básicas de atención integral que  no se actualiza por inflación y genera un desfasaje cruel desde hace mucho tiempo. La

emergencia no solo tiene en crisis a lo específico del valor de prestaciones y un  nomenclador desactualizado -entre otros aspectos que hacen a la situación actual de  incumplimiento de la Ley de Prestaciones Básicas Nº 24. 901- perjudicando al trabajo digno  de cada prestador, seguido de los inconmensurables daños a todos los actores que la  atraviesan; quedando las personas con discapacidad y sus familias como rehenes de lo  expuesto.

Mediante este documento consideramos imprescindible expresarnos acerca de  algunas declaraciones públicas que dejan entrever en consonancia a lo antes dicho,  nuevamente un atropello a los derechos ganados y un impacto en la construcción social de  convivencia.

Entendiendo que la Agencia Nacional de Discapacidad es el “organismo encargado  de promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de  discapacidad” (DNU 698/2027) resulta contradictoria su oposición a la Ley de Emergencia  en Discapacidad, argumentando que son “...iniciativas regresivas, que apelan a un modelo  asistencialista que ya fracasó, desatendiendo los estándares internacionales y postergando  la verdadera inclusión…”.

Mencionamos también el anexo de la resolución 187/25 emitida por ANDIS sobre los  nuevos criterios a la hora de otorgar pensiones no contributivas. Allí, desde la expresión de  un lenguaje arcaico y ofensivo, palabras como: “débil mental, idiota e imbécil”, portaban en  su interior un sentido discriminatorio, del cual consideramos que no existe justificación ni

disculpa que nos permita olvidarlo, ya que no solo se trató de lo comunicado, sino de la  intencionalidad manifiesta.

Nuestro posicionamiento es antagónico a todo ello, dado que, el no garantizar  prestaciones básicas, la falta de divulgación de nuevas normativas, el dar de baja pensiones  no contributivas a las personas con discapacidad, la existencia de una ilógica  incompatibilidad entre esta pensión y un trabajo registrado, son políticas excluyentes. Cada  una y todas ellas, atentan verdadera y directamente contra la concepción de la discapacidad  como una construcción social en perspectiva de derechos, la convivencia, la accesibilidad  universal, la eliminación de barreras que restringen la participación plena y el anhelo  inherente de cada ser humano desde su singularidad, a SER y ESTAR, DESEAR y PODER  CONSTRUIR un proyecto de vida en contraposición a un destino sellado.

Este Consejo Asesor Municipal de Discapacidad -ampliado- representando a  personas con discapacidad y sus familias, prestadores e instituciones civiles y educativas,  solicita a nuestros representantes en el Congreso de la Nación el sostenimiento y  cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.