La Justicia rechazó un amparo contra la reforma jubilatoria en Entre Ríos
La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mediante la cual un jubilado del ex Banco de Entre Ríos buscaba que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.
La resolución fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo apuntaba a mantener el anterior mecanismo de movilidad jubilatoria, que vinculaba la actualización de los haberes con los aumentos salariales del sector bancario. En cambio, la reforma establece como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había recibido todos los incrementos correspondientes al sector bancario hasta la entrada en vigencia de la reforma, el pasado 22 de agosto.
Además, presentó un dato sobre la primera aplicación del nuevo mecanismo: en septiembre, la actualización de los haberes fue del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario alcanzó el 1,9%. De esta manera, el jubilado recibió un aumento 1,6 puntos porcentuales superior al que le habría correspondido con el régimen anterior.
Por su parte, la Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y señalaron que el planteo de inconstitucionalidad debía analizarse mediante los procedimientos judiciales específicos.
La Fiscalía también expuso la situación financiera del sistema previsional entrerriano, su déficit estructural y la necesidad de garantizar su sustentabilidad, teniendo en cuenta el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Al fundamentar su decisión, el magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la controversia requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades de una acción de amparo.
En consecuencia, consideró que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir el planteo y rechazó la presentación.
La sentencia no declaró constitucional la reforma jubilatoria ni se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Únicamente estableció que el cuestionamiento debe tramitarse por las vías judiciales correspondientes.
