La Justicia mantiene suspendida la subasta de terrenos de la sucesión Tavella por cuestionamientos registrales
Un proceso judicial vinculado con terrenos de la sucesión de Fanny Stella Tavella de Rosende quedó bajo cuestionamiento por presuntas inconsistencias entre la superficie incluida en una subasta y los antecedentes registrales y catastrales de los inmuebles.
El expediente, caratulado «Briozzo Marta Cristina c/ Tavella de Rosende Fanny Stella s/ Apremio», tiene como eje una ejecución por deudas impositivas en la que se habría dispuesto el remate de una superficie superior a las 15 hectáreas.
El cuestionamiento fue planteado públicamente por el abogado y periodista Carlos Hartwig, quien sostiene que el inmueble ya había sido loteado y que parte de sus terrenos habían sido transferidos a particulares y entidades entre 1985 y 1992.
De acuerdo con esa presentación, se habrían concretado siete operaciones de transferencia que modificaron la superficie originalmente perteneciente a la sucesión. Sin embargo, tanto los edictos como el acta de subasta habrían mantenido las dimensiones del plano primitivo.
Los terrenos incluidos en la controversia
Uno de los aspectos centrales del planteo es que la superficie rematada habría comprendido parcelas privadas que ya habían sido transferidas, además de trazados de calles, sectores de la avenida Tavella y terrenos vinculados con los accesos a Banco Pelay.
La presentación también hace referencia a los espacios donde se construyeron los puentes provisorio y definitivo de acceso al balneario.
De confirmarse esas inconsistencias mediante la documentación registral y los estudios técnicos correspondientes, podría existir una diferencia sustancial entre los terrenos que figuraban en los antecedentes originales y aquellos que efectivamente podían ser objeto de ejecución.
Los cuestionamientos al procedimiento
Hartwig también planteó objeciones sobre las notificaciones realizadas durante el proceso. Según su denuncia, la demandada habría sido notificada en un domicilio que no correspondía a su residencia, pese a que el certificado de dominio consignaba una dirección en La Plata.
Asimismo, la presentación cuestiona el alcance del procedimiento de ejecución y sostiene que la subasta habría incluido terrenos cuya situación dominial debía ser previamente esclarecida.
Otro de los puntos señalados es la posterior constitución de un fideicomiso que, según la denuncia, habría comenzado a comercializar lotes y promovido acciones de desalojo sin contar con la posesión ni con la titularidad definitiva de los terrenos.
Estos señalamientos forman parte de los cuestionamientos formulados y no deben interpretarse como responsabilidades judicialmente acreditadas.
La Justicia dispuso mantener suspendidas las actuaciones
En el desarrollo del conflicto intervino la Justicia de La Plata. Según el material presentado, el juez de primera instancia Enrique A. Gorostegui dispuso suspender el procedimiento ante las inconsistencias advertidas entre los terrenos subastados y sus antecedentes catastrales.
La decisión fue apelada por la parte actora. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión.
Entre los elementos considerados necesarios para avanzar, el tribunal señaló la presentación de planos de mensura y división, además de dictámenes técnicos que permitan identificar de manera precisa las partidas inmobiliarias involucradas.
De esta manera, la entrega de la posesión y una eventual declaración de nulidad de la subasta quedaron supeditadas al esclarecimiento de la situación registral y catastral.
Una controversia que requiere respuestas documentales
El caso abre interrogantes sobre los antecedentes de dominio, el alcance de la subasta y la situación de los espacios que actualmente forman parte de la trama urbana y de los accesos a Banco Pelay.
Para determinar el alcance de las irregularidades señaladas será necesario conocer las resoluciones judiciales completas, los planos de mensura, las escrituras de transferencia y la documentación que sustentó el remate.
También resulta fundamental conocer la posición de las partes involucradas y de los organismos municipales mencionados en los cuestionamientos.
Por el momento, el dato judicial central es que las actuaciones permanecen suspendidas mientras se procura esclarecer la correspondencia entre los terrenos originalmente registrados y los que fueron incluidos en la subasta.
