La Justicia federal autorizó la entrega de viviendas a 21 familias de Villa Itapé
Una resolución del Juzgado Federal N.º 2 de Concepción del Uruguay autorizó al Municipio a avanzar con la adjudicación, entrega de posesión y reasentamiento de 21 familias de Villa Itapé que actualmente residen en sectores expuestos a inundaciones.
La medida, firmada por la jueza María Isabel Caccioppoli y conocida este miércoles 28 de octubre, se dictó en el marco de una acción judicial impulsada por la Municipalidad contra el Estado nacional por la paralización del proyecto de integración socio-urbana del barrio.
Además de habilitar el avance con las viviendas que ya están terminadas, la magistrada intimó al Gobierno nacional a informar, dentro de un plazo de cinco días hábiles, las razones por las cuales se interrumpieron las obras.
Familias en zonas inundables
La presentación fue realizada por el abogado Gerardo Javier Robin, en representación del Municipio, ante la falta de respuestas a los pedidos para concretar la entrega de las viviendas.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, las 21 familias censadas incluyen a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que permanecen en terrenos con alto riesgo de inundación, especialmente ante las crecidas del río Uruguay.
En ese contexto, la Justicia consideró acreditada la urgencia de adoptar medidas destinadas a proteger la vida, la salud y la integridad física de los vecinos.
Viviendas terminadas
Los informes técnicos presentados en la causa indican que las viviendas correspondientes a las primeras dos manzanas del proyecto se encuentran estructuralmente concluidas y reúnen condiciones materiales para una habitabilidad segura.
Según la documentación aportada por la Municipalidad, el proyecto de integración socio-urbana de Villa Itapé registra un avance general del 58,05%.
Sin embargo, el Estado nacional cuestionó ese porcentaje y señaló que existen diferencias con los registros surgidos de las auditorías.
La resolución judicial se enmarca en la necesidad de atender la situación de las familias que viven en sectores inundables y avanzar con las unidades habitacionales que, de acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, se encuentran terminadas.
El requerimiento de información al Estado nacional deberá cumplirse dentro del plazo fijado por la magistrada, mientras el conflicto por la continuidad de las obras permanece en el ámbito judicial. Fuente: CN Noticias
