Entre Ríos reclama casi $58 millones a dos empleados públicos por presuntas ausencias injustificadas
El Gobierno de Entre Ríos inició procedimientos administrativos contra dos empleados de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano por presuntas irregularidades vinculadas con sus obligaciones laborales. Las medidas incluyen la apertura de sumarios y la intimación a reintegrar fondos públicos por casi 58 millones de pesos.
Las disposiciones quedaron establecidas mediante los decretos 3165/2026 y 3160/2026, firmados el 22 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendados por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
Según las resoluciones, los agentes prestaban servicios en la Dirección de Políticas Alimentarias y en la Dirección de Comedores. Las investigaciones buscan determinar las responsabilidades administrativas correspondientes por las ausencias registradas y el presunto abandono de sus funciones.
Una agente deberá devolver más de $29 millones
Uno de los expedientes corresponde a una trabajadora de planta permanente de la Dirección de Políticas Alimentarias, perteneciente al agrupamiento Administrativo y Técnico.
El decreto 3165/2026 dispuso iniciar un sumario administrativo por presuntas inasistencias injustificadas y abandono de servicios, conductas contempladas en la Ley Provincial Nº 9755 y sus modificatorias.
Además, la administración provincial determinó que la agente deberá reintegrar $29.154.920,05 por haberes considerados indebidamente percibidos. A esa suma se agregarán los intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta la cancelación de la deuda.
La intimación establece un plazo de 30 días corridos desde la notificación para efectuar la devolución.
El segundo caso supera los $28 millones
El otro procedimiento involucra a un empleado de planta permanente de la Dirección de Comedores, perteneciente al agrupamiento de personal de servicios.
Mediante el decreto 3160/2026, el Ejecutivo también ordenó iniciar un sumario por presuntas inasistencias injustificadas y abandono de servicios.
En este caso, la liquidación administrativa determinó haberes indebidamente percibidos por $29.944.315,09. Sin embargo, ya se habían retenido preventivamente $1.526.003,24, por lo que el importe pendiente de devolución quedó fijado en $28.418.311,85, más intereses.
El trabajador también fue intimado a reintegrar el dinero dentro de los 30 días corridos posteriores a la notificación.
Qué ocurrirá si no devuelven el dinero
Ambos decretos establecen que, si los agentes incumplen las intimaciones, deberá intervenir la Fiscalía de Estado de Entre Ríos para iniciar las acciones legales destinadas a recuperar los fondos, junto con los intereses, gastos y honorarios que pudieran corresponder.
Las actuaciones también fueron remitidas a la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado y a los organismos provinciales de Recursos Humanos.
En total, las liquidaciones aprobadas ascendieron a $59.099.235,14. Descontada la suma retenida preventivamente, el monto pendiente de devolución quedó establecido en $57.573.231,90, sin contar los intereses.
Qué establece la normativa
Los procedimientos se enmarcan en la Ley Provincial Nº 9755, modificada por la Ley Nº 9811, que regula el empleo público provincial y contempla sanciones ante incumplimientos de las obligaciones laborales.
Las conductas investigadas podrían derivar en sanciones disciplinarias, incluida la cesantía, si los hechos se acreditan conforme al procedimiento legal.
No obstante, la apertura de los sumarios no implica que los trabajadores hayan sido cesanteados ni que las responsabilidades administrativas estén definitivamente determinadas. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de cada caso, mientras que las intimaciones económicas buscan recuperar los montos que la administración consideró indebidamente abonados.
