Stratta cuestionó el proyecto de transformación digital: “Ignorar la ciberseguridad y la protección de datos es una irresponsabilidad institucional”
Durante la sesión de este miércoles, el bloque justicialista impulsó una propuesta alternativa luego de que, según señalaron, no fueran incorporadas las modificaciones planteadas durante el tratamiento en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
En su intervención, Stratta sostuvo que existe coincidencia sobre la necesidad de avanzar en la digitalización del Estado, aunque planteó reparos respecto del contenido del proyecto oficial.
“No es viable un gobierno digital sólido sin regular la infraestructura, la soberanía de datos y la ciberseguridad”, afirmó la presidenta del bloque, y agregó que la necesidad de modernizar el Estado “no significa que cualquier forma de encararla sea inocua”.
La legisladora sostuvo que la transformación digital alcanzará áreas esenciales de la administración pública, como salud, seguridad y gestión tributaria, por lo que consideró necesario establecer garantías específicas sobre la infraestructura tecnológica y la información que administra el Estado.
Críticas sobre los datos y la ciberseguridad
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Stratta estuvo relacionado con la ausencia, según su interpretación, de mayores precisiones sobre soberanía tecnológica, protección de datos y políticas de ciberseguridad.
“La omisión del concepto de soberanía tecnológica en el texto del proyecto representa un retroceso que profundiza la vulnerabilidad”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que la provincia debería garantizar por ley el control sobre su infraestructura informática y los datos que administra.
Stratta también señaló una supuesta contradicción entre los artículos 41 y 48 del proyecto. Según explicó, mientras uno establece que los datos pertenecen al Estado, el otro habilitaría mecanismos mediante los cuales esa información podría ser administrada por proveedores privados.
La diputada también cuestionó que el proyecto no contemple, según su análisis, un organismo de control independiente encargado de auditar los sistemas tecnológicos.
El planteo del bloque justicialista
Por su parte, la diputada Andrea Zoff, quien actuó como miembro informante del dictamen de minoría, sostuvo que la propuesta oficial presenta “vacíos normativos” y cuestionó la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo.
Entre los puntos señalados, mencionó la necesidad de establecer reglas de portabilidad de datos para garantizar que la Provincia pueda recuperar toda la información generada durante una contratación tecnológica cuando finalice la relación con un proveedor.
“Ningún contrato puede firmarse sin garantizar que, al terminar la relación comercial, la provincia recupere el 100% de sus datos en formatos compatibles”, afirmó Zoff.
También expresó reparos respecto de la posibilidad de utilizar sistemas de validación de identidad mediante datos biométricos, como huellas digitales o reconocimiento facial, y reclamó que se establezcan responsabilidades y mecanismos de fiscalización.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las contrataciones de software, licencias y servicios tecnológicos. Zoff advirtió sobre las modificaciones propuestas al régimen de compras y contrataciones y planteó la necesidad de contar con controles, parámetros objetivos e informes técnicos.
Un debate que continúa en la Legislatura
El proyecto de Transformación e Innovación Digital del Ejecutivo avanzó esta semana en la Cámara de Diputados y contempla, entre otros aspectos, la digitalización de trámites, el gobierno digital, la gestión de datos y un régimen específico para la contratación de software y servicios tecnológicos. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología emitió dictamen de mayoría y también se presentó una propuesta de minoría.
El Gobierno provincial ya cuenta con programas de modernización y transformación digital que incluyen la digitalización de documentos, la gestión documental electrónica, la firma digital, servicios digitales para ciudadanos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica provincial.
En ese marco, Stratta sostuvo que la discusión legislativa no debería centrarse únicamente en la incorporación de tecnología, sino también en las condiciones bajo las cuales el Estado administra su infraestructura y la información de los entrerrianos.
“La discusión de fondo es si este proyecto constituye una mejora, un salto o si, en nombre de la innovación, termina resignando una garantía que ya estaba conquistada”, expresó la legisladora.