Fernanda Isabella Aguirre tenía apenas 13 años cuando desapareció en San Benito, Entre Ríos, el 25 de julio de 2004. Su caso se convirtió en uno de los expedientes abiertos más extensos del país y, a pesar del paso del tiempo, nunca se logró determinar qué ocurrió ni dónde está.
Ahora, a 21 años del hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió aumentar la recompensa destinada a quienes aporten datos relevantes, en un intento por reactivar una búsqueda que nunca se detuvo, pero que tampoco dio respuestas.
La búsqueda de Fernanda Aguirre ha sido sostenida por su familia y organizaciones sociales
Un caso que sigue abierto
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso elevar a 5 millones de pesos la recompensa para quienes brinden información certera que permita dar con el paradero de Fernanda Isabella Aguirre, según consta en la Resolución 1396/2025, publicada el 12 de diciembre en el Boletín Oficial.
La medida actualiza el ofrecimiento lanzado originalmente en 2023, cuando el monto se fijó en 2 millones de pesos.
El aumento responde a un pedido expreso del Juzgado de Transición N° 2 de Paraná, a cargo del juez Pablo N. Zoff, que solicitó reforzar la difusión y el incentivo económico ante la ausencia de información útil en los últimos años.
Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando fue vista por última vez en la localidad de San Benito, cerca de la capital entrerriana.
Su desaparición generó una profunda conmoción en la comunidad y derivó en una investigación judicial que, aunque tuvo imputados y condenados por otros delitos vinculados al caso, nunca logró establecer el destino final de la adolescente.
Programa Nacional de Recompensa
El expediente, caratulado “Fernanda Isabella Aguirre s/ incidente (de localización)”, sigue en trámite y continúa siendo una prioridad para el sistema judicial y los organismos de seguridad, que consideran que aún pueden aparecer datos valiosos para destrabar el caso.
Para incentivar la búsqueda
La resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva reconoce que el tiempo transcurrido vuelve indispensable actualizar los montos previstos en el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
En sus considerandos, la norma remarca que la actualización económica está contemplada en el Anexo II de la Resolución 828/2019, que habilita incrementos basados en la complejidad del caso, la gravedad del delito y el paso del tiempo, siempre que así lo amerite la autoridad solicitante, en este caso el Juzgado entrerriano.
El Ministerio de Seguridad también instruyó a sus áreas de Comunicación y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que refuercen la difusión del material oficial, incluyendo el afiche del programa de recompensas que detalla la actualización del monto y los canales disponibles para aportar información.
Los datos pueden ser suministrados de manera anónima al 134, la línea gratuita habilitada para recibir comunicaciones referidas a personas buscadas en todo el país. El pago, en caso de que la información resulte útil, se realizará en el Ministerio o en el lugar que la cartera determine, garantizando la reserva de identidad del aportante.
A lo largo de las últimas dos décadas, la búsqueda de Fernanda Aguirre ha sido sostenida por su familia, organizaciones sociales y distintas áreas del Estado.
Su caso, junto con otros de niñas y adolescentes desaparecidas, puso en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de actuación temprana, mejorar la coordinación interjurisdiccional y fortalecer las políticas de prevención de delitos contra las infancias.
Si bien en los primeros años se realizaron numerosos operativos, rastrillajes y líneas investigativas, la causa sufrió vaivenes y períodos de estancamiento.
La actualización de la recompensa aparece como un intento por incentivar a posibles testigos que nunca se animaron a hablar o que puedan tener información que, hasta ahora, no fue considerada relevante.
La resolución también se enmarca en una política general del Ministerio para mantener activas las búsquedas históricas, actualizar datos y revisar expedientes que, por el paso del tiempo, requieren nuevas estrategias de investigación.
Para Entre Ríos, el caso Aguirre es uno de los más sensibles de su historia reciente. Fue uno de los primeros en exponer públicamente problemáticas vinculadas a redes de trata y explotación, y derivó en reclamos sociales que marcaron época.
Aunque las líneas investigativas han variado, ninguna logró reconstruir qué pasó después de que la adolescente fuera vista por última vez camino a su casa.
El incremento de la recompensa se suma a otras medidas orientadas a incentivar la participación comunitaria.
La ministra Monteoliva enfatizó en la resolución la importancia de garantizar la difusión en medios escritos, radiales y televisivos, y reforzar la presencia del afiche oficial en comisarías, organismos públicos y espacios de circulación masiva.
Los especialistas sostienen que, en casos de larga data, la memoria colectiva puede ser una herramienta fundamental. Personas que no declararon en su momento, vecinos que recuerdan datos después de muchos años o quienes hayan escuchado información relevante pueden ser clave para aportar nuevas pistas.
La línea 134 funciona las 24 horas, todos los días, y permite realizar denuncias sin necesidad de revelar identidad. Cada informe es evaluado por la autoridad judicial correspondiente, que luego determina si la información tiene mérito y autoriza el pago. Fuente: El Litoral
