Denunció hostigamiento policial en su domicilio y apuntó contra autoridades de Concordia
Ludmila Fernández Castellano, militante de Patria Grande en Concordia, denunció un presunto episodio de hostigamiento policial ocurrido durante la mañana del día anterior, cuando un móvil de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos se detuvo frente a su domicilio y sus ocupantes comenzaron a tomar fotografías de la vivienda.
Según relató, advirtió la situación desde el interior de su casa y salió a consultar a los efectivos cuáles eran los motivos de su presencia y del registro fotográfico. Sin embargo, aseguró que no obtuvo explicaciones sobre el procedimiento.
Ante lo ocurrido, Fernández Castellano tomó fotografías y grabó videos que posteriormente fueron incorporados a una denuncia penal presentada ante la Fiscalía. La presentación busca avanzar en la investigación, identificar a los efectivos involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes, así como establecer si existieron órdenes y quiénes pudieron haberlas impartido.
La militante cuestionó el accionar policial y sostuvo que las fuerzas de seguridad deben actuar dentro del marco legal y respetar las garantías constitucionales, incluida la privacidad de las personas. Además, remarcó que la situación adquiere una mayor gravedad cuando involucra a militantes políticos y referentes de espacios opositores.
En ese sentido, advirtió que este tipo de hechos genera preocupación en la comunidad entrerriana y evoca etapas oscuras de la historia argentina, marcadas por la persecución política y la intimidación.
Fernández Castellano también agradeció las muestras de solidaridad recibidas hacia su persona y su organización. Al mismo tiempo, reclamó que se esclarezca lo sucedido y se determinen las responsabilidades políticas e institucionales que pudieran corresponder.
En sus declaraciones, señaló directamente al ministro de Seguridad de Entre Ríos y al intendente de Concordia, Francisco Azcué, a quienes atribuyó responsabilidad política ante cualquier situación que pudiera afectarla.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Rojo expresaron un enérgico repudio al presunto hostigamiento policial. Ambas organizaciones consideraron que las prácticas denunciadas son incompatibles con la democracia y reclamaron el esclarecimiento de los hechos.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio, los motivos de la presencia policial frente al domicilio y si existieron irregularidades en el accionar de los efectivos.
