Sin rutas libres no hay nación

Esta última, impulsada por el gobierno del General Agustín P. Justo, estableció un fondo específico para la construcción y mantenimiento de caminos, financiado a través de un impuesto a los combustibles, algo similar a lo realizaron por aquellos años en Estados Unidos.  

Justiniano Allende Posse, primer presidente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), fue el líder del desarrollo inicial de la red vial argentina, durante los primeros 10 años, se construyeron casi el 80 % por ciento de la actual red caminera.

El Día del Camino recuerda que el 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, y en 1932 además se promulgó la Ley Nacional Nº 11.658 que estableció la creación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) encargada del estudio, proyecto, construcción, administración y conservación de la red vial nacional, que contempla la distribución de esos fondos a provincias y municipios.

La actual situación de abandono de nuestras rutas dista mucho de aquellos primeros años de esplendor y patriotismo, donde con muchísima menos tecnología, recursos, y corrupción cero, se logró unir el país con una moderna red de caminos pavimentados.

Según calificados especialistas el estado de más de la mitad de la red es calamitoso, sin mantenimiento de rutina adecuado, siendo la causa el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles a otros fines, ajenos al establecido en la Ley; la situación también se repite en las rutas provinciales, calles y caminos rurales municipales

Hace décadas la falta de planificación integral brilla por su ausencia: el último estudio integral fue el Plan de largo alcance del año 1962, sucedido por uno similar pero muy limitado en los años 90, me refiero al Plan Interprovincial EDIVIAR elaborado por el Consejo vial federal, también hubo planes privados como el Proyecto 10 del ya fallecido abogado Guillermo Laura.

A nivel nacional y en materia de regulación y protección de los derechos de los usuarios y participación de las provincias, también hay deudas de la Democracia con los ciudadanos, ya que sigue pendiente desde 1994 el cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que ordena marcos regulatorios y un ente de control con participación de usuarios y provincias involucradas.

Persiste la práctica recaudatoria de cobrar peajes inconstitucionales (en realidad un claro impuesto al tránsito que afecta toda la sociedad en su conjunto), en rutas nacionales, provinciales e inclusive municipales donde no hay contraprestación equivalente, camino alternativo ni ley que avale su imposición, recaudo legal proveniente de la naturaleza tributaria del peaje.

La situación se sigue agravando entre otros casos por la decisión del gobierno bonaerense de cobrar peajes en su Ruta Provincial N° 6, donde por ejemplo los vecinos de San Vicente deben pagar peaje para desplazarse dentro de su propio pueblo al tener que ir a Domselaar.

Avanza la provincialización de la red con rutas nacionales transferidas a provincias sin ley formal ni asignación de recursos adecuados, algo contrario a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, quedando así la conectividad de esas regiones a la Buena de Dios.

En 2018 comenzó una etapa de degradación de la red vial nacional con la disolución por decreto del organismo de control denominado OCCOVI, sumada a la creación de empresa estatal Corredores Viales S. A., un ente opaco, sin funciones y con tremendo déficit funcional, además de haberse renegociado en ese periodo, los contratos de concesión de dos autopistas nacionales del AMBA, con un fuerte cuestionamiento de la Auditoría General de la Nación.

Algo similar sucede en la provincia de Buenos Aires con la empresa estatal gremial "AUBASA" (Autopistas de Buenos Aires S. A.), a la que se le transfirió sin licitación la concesión de las rutas provinciales 6, 2, 11 y la autopista Buenos Aires La Plata transferida mediante un convenio precario, con Vialidad nacional carente de una ley nacional que lo halla aprobado.

En el caso de la provincia de Córdoba existe fuerte rechazo al peaje cobrado por la empresa Camino de las Sierras S.A., otro caso claro de un gran negociado con la Red de Accesos a Córdoba.

 En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S. A.), sigue cobrando peajes en autopistas urbanas cuyo costo de construcción fue pagado y  amortizado por los usuarios con el pago de tarifas abusivas hace más de 40 años, destinando actualmente recursos del peaje a obras ajenas a las autopistas y con mecanismos licitatorios muy opacos.

En otro orden y desde una mirada geopolítica, el alto costo logístico de los peajes resta competitividad regional a la producción de diversas provincias, tornando inviable transportar sus productos a puertos y centros de distribución, generando aislamiento y espacios geográficamente vacíos, que resultan riesgosos para la defensa nacional, al generarse desarraigo y tornarse inviables diversos sectores por el alto costo del autotransporte de carga y mal estado de las rutas.

Respecto de la transparencia nada a cambiado; informes de la Sindicatura General, siguen acusando de graves irregularidades en empresas y recursos de Vialidad Nacional, tal el caso de Corredores Viales SA. Gremios Viales, usuarios y la propia provincia de Buenos Aires han planteado irregularidades y denuncias referidas a la privatización de las rutas troncales nacionales.

El Congreso Nacional no ha avanzado en la creación de una comisión de control de la aplicación y ejecución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y financiamiento de organismos internacionales.  

Hoy según los especialistas se puede afirmar que existe causalidad entre el aumento de la siniestralidad vial y el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la obra pública cero tanto nacional como de las provincias, situación que requiere rápida reversión.

A nivel impositivo persiste una injusta cuatriple imposición tributaria vial, esto es impuestos a los combustibles, impuestos provinciales, tasas municipales y recursos parafiscales como los peajes privados, ninguno de los cuales parece ir a mejorar los caminos resultando confiscatorios, afectándose el bolsillo, el derecho a la propiedad.

Los trabajadores también son víctimas de la desinversión al verse afectada la seguridad de conductores de camiones y ómnibus de larga distancia, que transitan rutas destruidas.

Finalmente está pendiente por parte de la Corte Suprema la discusión de fondo, esto es la necesidad de reafirmar el derecho a caminos alternativos al peaje para garantizar el derecho constitucional al libre tránsito, para así también evitar que las cabinas o arcos de cobro continúen siendo verdaderas aduanas interiores, que coartan el libre tránsito y comercio interior.  

Una vez más es necesario afirmar que sin rutas libres no hay libertad. 

Jorge Zatloukal -  Director Ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) Contacto: 11-59585170