Marclay: “En el gobierno de Milei hay una denuncia cada 36 horas por falta de atención a personas con discapacidad”
La diputada nacional Marianela Marclay advirtió sobre la creciente judicialización de los reclamos vinculados a la atención de personas con discapacidad y aseguró que las consecuencias del ajuste del Gobierno nacional ya pueden medirse también en los tribunales.
Según un relevamiento realizado sobre las actuaciones registradas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, desde enero de 2025 y durante lo transcurrido de 2026 se contabilizaron 420 acciones judiciales vinculadas a reclamos por atención, cobertura y prestaciones para personas con discapacidad.
La cifra representa, en promedio, una nueva presentación judicial aproximadamente cada 36 horas.
“Hay una imagen que explica mejor que cualquier discurso lo que está pasando: las familias dejaron de peregrinar solamente por hospitales, prestadores y organismos públicos. Ahora también tienen que peregrinar por los tribunales para conseguir una prestación que debería estar garantizada”, sostuvo Marclay.
La legisladora entrerriana planteó la situación durante su participación en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación y remarcó la particularidad del fenómeno registrado en Concepción del Uruguay.
“Estamos hablando de un Juzgado Federal que interviene en investigaciones de narcotráfico, trata de personas, contrabando y delitos federales complejos. Y que hoy recibe sistemáticamente a familias que llegan buscando que alguien obligue al Estado o a los organismos correspondientes a garantizar una atención. Cuando la última puerta que queda abierta es la de un juzgado, significa que todas las anteriores fallaron”, afirmó.
“UN MODELO DE CRUELDAD”
Marclay sostuvo que la crisis del sistema de prestaciones no puede analizarse únicamente en términos económicos.
“El problema no es solamente cuánto recorta un gobierno. El problema es a quién decide hacerle pagar el costo de ese recorte. Y eso también lo empezamos a ver en el Presupuesto 2027”, señaló.
Y agregó: “La crueldad de este modelo está en que el Estado pretende ahorrar recursos trasladando el costo a quienes menos posibilidades tienen de soportarlo. Lo pagan las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y las instituciones”.
En 2025 el Congreso declaró mediante la Ley 27.793 la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma contempla, entre otras medidas, financiamiento para pensiones, fortalecimiento de prestadores y actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. El presidente Javier Milei había vetado completamente el proyecto; posteriormente, ambas cámaras insistieron con la sanción por dos tercios.
La implementación de la ley también terminó judicializada.
“Esto demuestra hasta qué punto llegamos: hasta la ley que debía responder a la emergencia de las personas con discapacidad necesitó atravesar vetos, discusiones y tribunales para poder aplicarse”, cuestionó Marclay.
Para la diputada, “una terapia no es un gasto superfluo, un acompañante terapéutico no es un privilegio, una pensión no es un regalo y una institución que atiende personas con discapacidad no puede ser considerada simplemente un costo”.
CRÍTICAS A FRIGERIO
Marclay también cuestionó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por su acompañamiento político al Gobierno nacional.
“Frigerio no puede comportarse como un comentarista de las consecuencias de un modelo que decidió acompañar. Acompañar un rumbo también implica hacerse responsable políticamente de sus consecuencias”, afirmó.
