Impulsan nuevas exigencias ambientales para obras en puertos y vías navegables
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) inició un procedimiento de participación ciudadana para avanzar con un nuevo régimen de evaluación de impacto ambiental de obras y actividades desarrolladas en puertos y vías navegables bajo su jurisdicción. La medida fue formalizada mediante la Resolución 57/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La resolución no aprobó todavía el nuevo régimen ambiental, sino que declaró el inicio del mecanismo de “Elaboración Participativa de Normas”. De esta manera, la ciudadanía podrá presentar opiniones y propuestas sobre el proyecto antes del dictado de la normativa definitiva.
El proyecto sometido a consideración contempla un “Procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental de Obras y Actividades en Puertos y Vías Navegables” y criterios técnicos y metodológicos específicos para obras y trabajos de dragado.
Cómo sería el nuevo procedimiento ambiental
Según los fundamentos de la Resolución 57/2026, la propuesta busca establecer un régimen propio de la ANPyN para evaluar ambientalmente las actividades y proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción.
El esquema proyectado propone clasificar las obras y actividades de acuerdo con su nivel de incidencia ambiental. Para establecer esa categoría se considerarían, entre otros factores, la magnitud, localización, duración, recurrencia, sensibilidad, peligrosidad, reversibilidad, antecedentes e interacción con otros proyectos.
La clasificación prevista contempla tres categorías: baja, moderada y alta incidencia ambiental. Para determinar en qué nivel se encuentra cada proyecto se propone utilizar un sistema de puntuación que tenga en cuenta el tipo y escala de la intervención, la sensibilidad ambiental del entorno, las características del material gestionado, las emisiones, los riesgos operativos y los posibles impactos acumulativos.
Qué exigirían según el impacto de las obras
Para las actividades consideradas de baja incidencia ambiental, el proyecto plantea un mecanismo simplificado, aunque manteniendo la responsabilidad del titular y las facultades de control de la autoridad.
Las actividades de incidencia moderada quedarían sometidas a un procedimiento abreviado, con la presentación de estudios enfocados en los impactos considerados relevantes, medidas específicas y un plan de gestión acorde con las características de la intervención.
En tanto, las actividades clasificadas como de alta incidencia ambiental deberían atravesar el procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental. En esos casos se exigirían estudios con mayores contenidos mínimos y mecanismos de participación ciudadana.
