Crearon un programa para ampliar el uso de tobilleras electrónicas en causas penales
El Gobierno nacional creó el Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria, una iniciativa que permitirá ampliar el uso de herramientas de monitoreo electrónico en determinados procesos penales de la Justicia federal y nacional.
La medida fue establecida mediante la Resolución 434/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial. El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
Entre sus principales objetivos se encuentra la incorporación de herramientas tecnológicas para gestionar riesgos procesales y facilitar la aplicación de medidas cautelares proporcionales a las circunstancias de cada caso. La decisión de imponer una medida continuará estando exclusivamente en manos de la Justicia.
En qué casos podrán utilizarse
El programa contempla determinadas medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal Federal, además de supuestos de detención domiciliaria establecidos por el Código Penal y la Ley 24.660.
También podrá aplicarse en medidas o penas correspondientes al régimen de responsabilidad penal juvenil.
La normativa establece que, en determinados casos, la herramienta estará destinada a personas sobre las que la Justicia federal o nacional haya dispuesto medidas restrictivas y que no hayan ingresado previamente a un establecimiento penitenciario o dependencia de alojamiento transitorio.
La resolución contempla, además, excepciones específicas previstas por el Código Procesal Penal Federal.
Asistencia a jueces y fiscales
El Ministerio de Justicia tendrá a su cargo brindar asistencia técnica y tecnológica a los órganos judiciales y al Ministerio Público Fiscal para implementar y supervisar las medidas.
El programa también prevé la capacitación de los operadores involucrados, la promoción de buenas prácticas y la elaboración de estadísticas e indicadores que permitan evaluar los resultados de la iniciativa.
La coordinación estará a cargo de Brian Ezequiel Gallo, quien desempeñará la función con carácter ad honorem.
A su vez, la Subsecretaría de Política Criminal deberá coordinar la implementación del programa con las autoridades judiciales y fiscales.
Los gastos que demande su funcionamiento serán afrontados con recursos del Ministerio de Justicia. La Resolución 434/2026 entró en vigencia este 9 de septiembre, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial.
