La comida de los gurises entrerrianos se planifica desde Nordelta

Conviene decirlo con claridad: José Chediack no responde por los actos de su
hermano y no existen elementos que vinculen a él o a Teknofood con aquella causa
judicial. Pero tampoco resulta razonable pretender que un apellido con esa historia
desaparezca del análisis político cuando una empresa presidida por uno de los
hermanos queda en el centro de una contratación estatal de más de $101.000
millones.

Porque la pregunta no es qué hizo Juan Chediack. La pregunta es otra: ¿qué modelo
de Estado está construyendo hoy el Gobierno de Entre Ríos?

DE LAS ESCUELAS ENTRERRIANAS A UN ÚNICO OPERADOR
El Gobierno de Frigerio decidió modificar el sistema de provisión de alimentos
escolares. De un esquema descentralizado, en el que cada establecimiento podía
adquirir buena parte de los productos en comercios y proveedores de su propia
comunidad, se pasó a un modelo centralizado que concentra la provisión en un único
operador.

Y cuando se habla de un único operador no estamos hablando de una contratación
menor. Estamos hablando de $101.726.784.000, según el Decreto 1983/2026, que
aprobó la contratación de Teknofood para los ciclos lectivos 2026 y 2027, con
posibilidad de prórroga para 2028. El decreto lleva la firma del gobernador Rogelio
Frigerio y de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

El propio decreto establece un precio de $1.600 por ración y señala que la oferta fue
considerada técnicamente ajustada a lo requerido, con un precio unitario acorde a los
valores de mercado y conveniente para el Estado.

Y justamente por eso las preguntas son políticas: ¿era necesario modificar el modelo?
¿Por qué concentrar la provisión? ¿Qué beneficios concretos obtiene la Provincia con
esta centralización? ¿Qué pasó con los proveedores locales que antes participaban
del sistema?

Porque detrás de una cifra de semejante magnitud no hay solamente una decisión
administrativa. Hay una decisión política acerca de cómo circulan los recursos públicos
y quiénes participan de esa circulación.

Antes, una parte de esos recursos podía llegar directamente a almacenes, panaderías,
productores, cooperativas y PYMES de nuestros pueblos y ciudades. Ahora, una
enorme masa de dinero público queda concentrada en una contratación provincial de
escala extraordinaria.

¿POR QUÉ NORDELTA?
Y acá aparece la pregunta que le da sentido a todo esto: ¿la comida de nuestros
gurises se decide en Entre Ríos o se planifica desde Nordelta?

Porque no estamos hablando solamente de dónde se compra un alimento. Estamos
hablando de dónde se piensa una política pública, quién la administra, bajo qué
criterios se define y dónde termina impactando económicamente.

Mientras en Entre Ríos hay panaderías, almacenes, productores, cooperativas y
PYMES que conocen las necesidades de cada comunidad, el Estado provincial eligió
concentrar la provisión alimentaria en una empresa radicada fuera de la provincia.

No se trata de estar en contra de una empresa privada. Se trata de preguntarnos por
qué el Estado decidió que una política que podía fortalecer nuestras economías
locales debía transformarse en una contratación centralizada de más de cien mil
millones de pesos.

Porque cada peso que deja de circular en una localidad entrerriana también tiene un
impacto. Es trabajo que no se genera, una compra que no se realiza, una PYME que
no participa y una economía local que pierde movimiento.

CUADERNOS COMO ADVERTENCIA, NO COMO ACUSACIÓN
Por eso aparece Cuadernos en esta historia. No como una acusación contra José
Chediack ni contra Teknofood, porque no corresponde establecer una relación judicial
que no existe.

Aparece como un antecedente político que la Argentina no debería olvidar. La causa
Cuadernos puso bajo la lupa la relación entre grandes empresarios, decisiones
políticas y enormes volúmenes de recursos públicos. Juan Chediack declaró como
imputado colaborador y relató ante la Justicia aspectos vinculados con sus relaciones
empresariales y con el funcionamiento de la obra pública.

La enseñanza política que debería quedar de todo aquello es elemental: cuando el
Estado concentra negocios millonarios en determinados actores privados, la sociedad
tiene derecho a preguntar, controlar y conocer. Ese debería ser el punto de partida de
cualquier gobierno, sea del signo político que sea.

Y AHÍ APARECE FRIGERIO
Y es justamente ahí donde la discusión alcanza al Gobierno de Rogelio Frigerio. No
porque exista una vinculación judicial entre Frigerio y los hermanos Chediack que
pueda afirmarse. No la hay. La cuestión es política.

Frigerio fue (¿o lo sigue siendo?) asesor de Gildo Insfrán en Formosa, ministro del
Interior durante el gobierno de Mauricio Macri y forma parte de un espacio político que
conoce de cerca las relaciones entre el Estado y los grandes grupos económicos.

La experiencia de aquellos años, incluida la causa Cuadernos, debería haber dejado
una conclusión que trascienda cualquier partido: cuanto mayor es la concentración de
recursos públicos, mayores deben ser los controles y las explicaciones.

Y acá estamos hablando de una contratación de $101.726.784.000. No es una cifra
que pueda pasar inadvertida.

NO SOLO IMPORTA CUÁNTO CUESTA: TAMBIÉN QUÉ COMEN
Pero hay una cuestión todavía más importante que no podemos perder de vista.
Estamos hablando de alimentos destinados a nuestros gurises.

Por eso, la discusión no puede reducirse al monto de la contratación, al mecanismo de
compra o a quién resulta adjudicatario. También tenemos que preguntarnos qué

calidad nutricional tienen los alimentos que llegan a las escuelas, cómo se define su
composición y qué criterios de salud alimentaria se están aplicando.

El Estado no puede mirar solamente el precio de una ración. Cuando esa ración forma
parte de la alimentación cotidiana de niños y niñas, también debe importar su valor
nutricional, su composición, su calidad y su adecuación a una alimentación saludable.

Porque una política alimentaria escolar no puede evaluarse únicamente en términos
de logística. Tiene que evaluarse también en términos de nutrición y de salud. Y ahí el
Estado tiene una responsabilidad todavía mayor: garantizar que la alimentación de
nuestros chicos no sea solamente suficiente, sino también adecuada.

LA JUSTICIA PUSO OTRO ELEMENTO SOBRE LA MESA
A esta discusión económica y política se sumó ahora otra cuestión: la alimentación
que efectivamente reciben los chicos.

La Justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Provincia
abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en establecimientos educativos
públicos provinciales determinados alimentos no perecederos destinados a desayunos
y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias,
conforme al artículo 12 de la Ley 27.642.

Al mismo tiempo, ordenó garantizar la continuidad de la alimentación mediante
productos que no estén alcanzados por esa prohibición. Es importante marcar el
límite: esa decisión judicial no declara ilegal la contratación de Teknofood ni resuelve
el fondo de la cuestión. Por lo tanto, no corresponde presentar el fallo como una
declaración de ilegalidad del contrato.

Pero sí aporta un elemento que no puede ser ignorado: el nuevo esquema de
alimentación escolar está siendo sometido a control judicial y la discusión sobre qué
reciben nuestros gurises ya no es solamente política.

NO ES SOLAMENTE COMIDA
Por eso, reducir esta discusión a una licitación sería equivocarnos de debate. Acá
estamos discutiendo qué Estado queremos.

Un Estado que distribuya recursos, que fortalezca a sus comunidades, que genere
oportunidades para sus PYMES y que permita que parte del dinero público quede en

los pueblos y ciudades donde se genera y se necesita. O un Estado que centralice,
concentre y termine derivando una política pública provincial hacia un único operador.

Y hay una regla básica que debería ser indiscutible: cuanto mayor es el monto, mayor
debe ser la transparencia. Más de $101.000 millones no pueden ser solamente un
número dentro de un expediente. Son recursos públicos. Son recursos de todos los
entrerrianos. Y por eso deben poder ser explicados de principio a fin.

Pero además hay algo que no puede quedar en segundo plano: esos recursos están
destinados a alimentar a nuestros gurises. Y eso obliga a discutir no solamente cuánto
se gasta y quién lo administra, sino también qué reciben, qué comen y con qué
criterios nutricionales se decide su alimentación.

LA COMIDA DE LOS GURISES
No estamos hablando de cemento. No estamos hablando de una obra. No estamos
hablando de una compra cualquiera. Estamos hablando de la comida de nuestros
gurises.

Y si la comida es de los gurises entrerrianos, las decisiones sobre esa comida
deberían pensarse desde Entre Ríos, teniendo en cuenta a sus escuelas, sus
comunidades, sus productores, sus comercios y sus PYMES. Pero también, y
fundamentalmente, teniendo como prioridad la nutrición, la calidad de los alimentos y
la salud de nuestros chicos.

No se trata de perseguir apellidos. No se trata de condenar empresas. No se trata de
utilizar una causa judicial para construir una acusación que no existe.

Se trata de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante:
preguntar por qué el Gobierno de Entre Ríos eligió concentrar más de cien mil millones
de pesos en un único operador, qué consecuencias tiene esa decisión para nuestra
provincia y qué garantías existen respecto de la calidad nutricional de los alimentos
que reciben nuestros gurises.

Porque la transparencia no empieza cuando aparece una denuncia. Empieza mucho
antes: cuando el Estado decide cómo gastar el dinero de todos y cuando define qué
pone sobre la mesa de nuestros chicos. Y entonces la pregunta vuelve, inevitable:

¿POR QUÉ LA COMIDA DE LOS GURISES ENTRERRIANOS SE PLANIFICA
DESDE NORDELTA, CUANDO DEBERÍA PENSARSE DESDE ENTRE RÍOS?

(*) Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque
“Juntos por Uruguay” – P J.