Convocan a familias por un amparo colectivo relacionado con el programa alimentario escolar
En el marco de un amparo colectivo registrado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Justicia convocó a las personas que puedan considerarse afectadas o tengan un interés directo en el proceso relacionado con el programa alimentario escolar.
La causa está identificada como Legajo Nº 36.759, caratulada “Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”.
La resolución fue dictada por el vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, quien dispuso que la convocatoria sea publicada durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.
¿A quiénes alcanza la convocatoria?
Podrán presentarse aquellas personas que consideren que sus derechos pueden verse alcanzados por el proceso. La resolución establece que podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión.
El plazo para hacerlo es de 7 días, contados a partir de la última publicación de la convocatoria.
¿Qué se discute?
El objeto del amparo es la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos de Entre Ríos y reciben el programa alimentario escolar.
En particular, el planteo busca garantizar el derecho de los estudiantes a no recibir alimentos que puedan resultar perjudiciales para su salud, en relación con determinados productos industrializados y las disposiciones contempladas en las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.
La resolución judicial identifica además como cuestión común la implementación por parte de la Provincia de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, basado en productos predeterminados destinados a los estudiantes incluidos en el programa.
La convocatoria no implica por sí misma una resolución sobre el fondo del planteo. El proceso judicial continúa y será la Justicia la que deberá determinar si existen las situaciones denunciadas y qué medidas corresponden.
