Entre Ríos tiene los ríos y la carga. Faltan los buques

Hay una costumbre persistente en la Argentina: dar por natural que la producción del interior deba recorrer cientos de kilómetros por ruta hasta unos pocos puertos para llegar al mundo. No es natural. Es el resultado de decisiones políticas y de un modelo logístico que puede y debe discutirse. Esa discusión tiene raíces profundas en Entre Ríos.

El 1.º de mayo de 1851 —hace 175 años—, en Concepción del Uruguay, el Pronunciamiento de Urquiza marcó un punto de inflexión en la organización nacional. Ese proceso desembocó en la Constitución de 1853, que estableció la libre navegación de los ríos interiores y eliminó los derechos de tránsito entre provincias. Era una concepción federal del país: las provincias debían poder producir, comerciar y conectarse con el mundo. Esa idea sigue vigente: no hay federalismo pleno si las provincias no pueden aprovechar sus propias vías navegables.

Entre Ríos tiene la respuesta en el mapa: está entre el Paraná y el Uruguay, integra la Región Centro y el Litoral, y forma parte del núcleo agroindustrial del país. No nos faltan producción ni cargas. Nos faltan buques, frecuencias y tarifas competitivas. Un puerto sin servicios regulares es apenas un muelle. Con buques y conexiones, se convierte en un nodo logístico.

Es también la agenda que el gobernador Rogelio Frigerio impulsa desde el primer día: recuperar el protagonismo de nuestros ríos y puertos, incorporar la logística a la estrategia de desarrollo provincial y transformar nuestra ubicación en una ventaja económica concreta.

El río Uruguay es compartido, binacional. Concepción del Uruguay, Concordia, Paysandú, Fray Bentos y Nueva Palmira pueden competir o complementarse. La geografía ofrece la oportunidad; la planificación regional y binacional determina cómo aprovecharla.

En la agenda nacional, Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, plantea como objetivos estratégicos reducir costos logísticos, profundizar la Vía Navegable Troncal y mejorar el control de su concesión, con participación de provincias y usuarios. Para Entre Ríos también importa avanzar en la definición de los accesos por el Paraná Bravo-Guazú y pensar junto con la República Oriental del Uruguay una estrategia de complementariedad portuaria regional.

Pero la integración sirve de poco si el productor no la siente en el bolsillo. Si la regulación impide que una carga regional encuentre un servicio fluvial competitivo, el costo recae sobre el productor y el consumidor. Si, en cambio, se facilita la incorporación de buques que hoy no encuentran condiciones para operar, se amplían las alternativas y se reduce la dependencia del camión.

Un río navegable sin buques es un camino vacío.

Ahí entra la reforma del régimen de cabotaje que se debate en el Congreso, una iniciativa clave para modernizar el histórico Decreto-Ley 19.492 de 1944 y potenciar nuestra logística. Lejos de eliminar la reserva de bandera para los buques argentinos, el proyecto actualiza de manera inteligente un esquema rígido, adaptándolo a las verdaderas necesidades del sistema productivo. Tanto a través de la apertura controlada con incentivos locales del dictamen de mayoría, como mediante las excepciones ágiles por eficiencia o falta de oferta del dictamen de minoría, esta flexibilización representa un paso fundamental para ganar competitividad e integración regional, impulsando el comercio sin descuidar el empleo ni la marina mercante nacional.

Un diagnóstico de 2024 de Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, contabilizó 49 buques: 28 de bandera nacional, 12 extranjeros con tratamiento de bandera nacional y 9 que operaban por excepciones, ocho de ellos destinados al offshore. Es una referencia que permite dimensionar la brecha entre la protección normativa y la capacidad efectiva de transporte.

Por eso hay que distinguir entre proteger una actividad y proteger sus objetivos. Proteger una actividad es custodiar un régimen. Proteger sus objetivos es garantizar una oferta suficiente, competitiva y confiable de transporte por agua, promover el trabajo nacional y desarrollar capacidades propias.

Mientras tanto, la carga entrerriana espera: en cientos de kilómetros de ruta, en fletes que reducen el margen del productor, para salir por puertos que no son los de su provincia.

Transportar una tonelada de granos 400 kilómetros por camión tiene una tarifa de referencia de US$ 55-60. Por agua, con un costo operativo estimado de US$ 0,02 por tonelada/kilómetro, un recorrido de 400 a 500 kilómetros representa entre US$ 8 y US$ 10; con un margen adicional, menos de US$ 12. Son valores de referencia que no incluyen toda la cadena logística, pero muestran el potencial de competitividad del transporte fluvial. Para aprovecharlo necesitamos buques, servicios regulares y puertos operativos.

A esa diferencia económica se suma una dimensión ambiental y de seguridad que también debemos considerar. El transporte fluvial permite movilizar grandes volúmenes con menor consumo energético y menores emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada transportada. También puede reducir la cantidad de camiones en las rutas, la congestión, el desgaste de la infraestructura vial y la exposición a siniestros de tránsito. No se trata solamente de abaratar fletes: se trata de construir un sistema de transporte más eficiente, seguro y sustentable, integrando los distintos modos y aprovechando la capacidad de nuestros ríos.

Entre Ríos tiene los ríos, la producción, los puertos y una ubicación estratégica. Necesita que esas condiciones se traduzcan en servicios, frecuencias y buques. Porque el desarrollo no empieza cuando la carga llega a una ruta para buscar un puerto; empieza cuando puede salir al mundo desde su propio territorio.

(*) Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay 

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