El Municipio demandará a los responsables del robo informático de 25 millones de pesos
La Municipalidad de Concepción del Uruguay iniciará demandas en el fuero civil y comercial contra los responsables del robo informático de 25 millones de pesos ocurrido en abril de 2023. La medida será impulsada por la Asesoría Jurídica municipal durante noviembre, luego de que el Municipio rechazara las propuestas económicas presentadas por imputados que solicitaron la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
La información fue publicada por La Prensa Federal, que señaló que los acusados habían ofrecido alrededor de un millón de pesos cada uno como reparación del daño. Sin embargo, desde el área jurídica municipal consideraron que esos montos eran insuficientes frente al perjuicio ocasionado a las arcas públicas.
Según lo informado por ese medio, el Municipio resolvió avanzar con una demanda contra cada uno de los responsables, con el objetivo de recuperar el dinero sustraído.
Dos mujeres fueron condenadas
En el marco de la causa penal, el 14 de septiembre se homologaron acuerdos de juicio abreviado que derivaron en la condena de dos mujeres oriundas de San Rafael, Mendoza: Alejandra Napoleone y Teresa del Carmen García.
Ambas recibieron penas de tres años de prisión en suspenso como coautoras del delito de estafa informática agravada por resultar en perjuicio de la administración pública. En el caso de García, la pena fue unificada con una condena anterior.
La causa también involucra a otros imputados que solicitaron acceder a la probation, un mecanismo que permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones y con el cumplimiento de una reparación del daño.
Cómo se produjo el robo
El hecho ocurrió el 3 de abril de 2023, cuando desde una cuenta bancaria de la Municipalidad se realizaron 16 transferencias por un total de 25 millones de pesos.
La investigación determinó que la maniobra se inició mediante un correo electrónico que contenía un programa malicioso conocido como Grandoreiro, un troyano bancario que permite acceder de manera remota a una computadora y obtener datos de acceso a cuentas financieras.
El software se instaló en un equipo de la Tesorería municipal y podía mostrar una página falsa del Banco de Entre Ríos para captar usuarios y contraseñas.
Los fondos fueron enviados a distintas cuentas y posteriormente derivados a otras plataformas financieras. En los primeros días posteriores al hecho, el entonces intendente Martín Oliva informó que se habían recuperado 1,5 millones de pesos.
La investigación penal tuvo a 13 personas imputadas y estuvo a cargo inicialmente de la fiscal Gabriela Seró, y posteriormente de la fiscal María Becker.
Con las condenas dictadas y las propuestas de reparación rechazadas, el Municipio busca ahora avanzar por la vía civil para reclamar el dinero sustraído y resarcir el perjuicio económico ocasionado. Fuente: La Prensa Federal.