Comunidad Lules denuncia órdenes de demolición y desalojo en Finca Las Costas
La comunidad Lules de Finca Las Costas, ubicada en Villa San Lorenzo, Salta, atraviesa una situación que sus integrantes califican como un avance sobre sus tierras y territorio comunitario. En diálogo con “En Primera Persona”, Anaahí Esquivel relató el conflicto y sostuvo que distintas familias recibieron notificaciones relacionadas con la demolición de sus viviendas.
Según explicó, el conflicto se profundizó luego de que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de San Lorenzo aprobaran un proyecto para ceder cerca de nueve hectáreas al Club Tigres, una institución privada. A partir de entonces, afirmó, comenzaron a llegar notificaciones a habitantes de distintos sectores de Finca Las Costas.
“Ya no solamente abarcaba estas nueve hectáreas, sino diferentes puntos, hasta gente que vive en los cerros”, señaló Esquivel, quien aseguró que en algunos casos las notificaciones no hablan solamente de desalojo sino directamente de demolición de las viviendas.
La comunidad sostiene que posee reconocimiento jurídico
Esquivel explicó que la comunidad cuenta con personería jurídica y un mapa de territorio comunitario Lules. También señaló que distintos estudios realizados en la Universidad Nacional de Salta, con participación de especialistas, respaldarían la presencia histórica de la comunidad en esas tierras.
“Somos de la comunidad aborigen, comunidad Lules”, afirmó durante la entrevista.
En ese marco, cuestionó que las notificaciones hayan sido realizadas por un juez de paz de Vaqueros, pese a que Finca Las Costas cuenta con un juez de paz propio.
De acuerdo con su relato, inicialmente fueron notificadas 25 familias y posteriormente la cantidad se habría ampliado a más de 50. Esquivel indicó que actualmente serían más de 54 familias las alcanzadas por las medidas.
Advierten que las demoliciones podrían comenzar el 28 de octubre
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los habitantes es la fecha establecida en las notificaciones.
“Nos mandaron a dejar las notificaciones diciendo que nos van a demoler las casas, que tenemos nosotros mismos que demoler nuestras casas con nuestras propias manos hasta el 28 de octubre; si no, nos van a pasar las topadoras”, aseguró Esquivel.
La integrante de la comunidad afirmó que las familias no recibieron, según su versión, una propuesta alternativa de vivienda ni una solución habitacional frente a la posibilidad de perder sus casas.
También cuestionó la metodología utilizada para determinar qué construcciones deberían ser demolidas. Según explicó, desde la Municipalidad se habrían utilizado fotografías para identificar viviendas que supuestamente fueron construidas después de 2020.
En su caso particular, sostuvo que su vivienda fue terminada en 2018 y que su construcción demandó varios años.
Reclamo por la explotación de los recursos del río
Durante la entrevista, Esquivel también planteó otro conflicto relacionado con Finca Las Costas: la explotación de áridos del río San Lorenzo.
Según afirmó, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto impulsado por concejales de La Libertad Avanza que permitiría al municipio contratar empresas para extraer materiales de los cursos de agua.
La integrante de la comunidad manifestó su preocupación por las consecuencias ambientales y señaló que las crecidas del río ya afectan a familias que viven en las inmediaciones.
“Cuando ese río crece se desborda”, relató, y recordó que en una oportunidad su familia tuvo que trasladar a caballo a su abuelo, debido a que una ambulancia no podía atravesar el sector.
Esquivel sostuvo además que la extracción de áridos podría modificar el comportamiento del río y contribuir a problemas de erosión e inundaciones.
Controles para ingresar materiales
Otro de los cuestionamientos expresados durante la entrevista estuvo relacionado con los controles policiales en los accesos a Finca Las Costas.
Esquivel afirmó que existen efectivos policiales que controlan el ingreso de vehículos y materiales de construcción, llegando incluso a impedir el paso de bolsas de cemento o chapas destinadas a viviendas de familias de la comunidad.
Como ejemplo, relató el caso de una mujer mayor que vive en un sector de los cerros y necesitaba una chapa para reparar el techo de su vivienda.
Según su relato, mientras a integrantes de la comunidad se les impedía ingresar materiales para reparar sus casas, camiones con áridos y otros materiales sí ingresarían hacia sectores vinculados a emprendimientos privados.
Una marcha de más de 300 personas
Frente a la situación, habitantes de Finca Las Costas realizaron una movilización en Villa San Lorenzo.
Esquivel aseguró que participaron más de 300 personas, que cortaron el puente y se movilizaron hasta la vivienda del intendente y posteriormente hasta la casa del gobernador.
“Si no nos quieren escuchar entre cuatro paredes, en una oficina, en la intendencia, que nos escuchen en las calles”, expresó.
La dirigente comunitaria sostuvo que las familias viven con preocupación y desesperación, especialmente por la presencia de niños y adultos mayores entre los posibles afectados.
También explicó que muchas viviendas fueron construidas durante años con el esfuerzo de familias cuyos ingresos provienen principalmente de la agricultura, el pastoreo y la elaboración de productos regionales como quesillos, tamales y humitas.
“Es el esfuerzo de toda una vida”, resumió.
Esquivel indicó finalmente que distintas organizaciones de derechos humanos se acercaron a la comunidad para brindar asesoramiento y colaborar en la presentación de escritos ante la Justicia.
Mientras aguardan una respuesta judicial, las familias continúan realizando acciones de visibilización y movilización para intentar frenar las medidas que, según denuncian, podrían derivar en la demolición de sus viviendas.
“Hay muchos niños, hay muchos ancianos. Yo soy mamá”, expresó Esquivel al describir la preocupación que atraviesa a las familias de Finca Las Costas.