¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? LA URGENCIA DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Las ciudades no son meros conglomerados de cemento y suelo; son el reflejo material de las decisiones políticas, económicas y sociales que las gobiernan. Sin embargo, cuando el rumbo de un centro urbano se abandona a la inercia del mercado y a la acumulación de proyectos puntuales y esporádicos, el territorio deja de ser un espacio de integración para convertirse en un escenario de asimetrías, fragmentación y deterioro de la calidad de vida. Frente a los crecientes conflictos socioecológicos que atraviesan a nuestros municipios y comunas, la pregunta recurrente que interpela tanto a la ciudadanía como a las gestiones públicas es inequívoca: ¿por dónde empezamos? Cuando las intervenciones territoriales se reducen a respuestas espasmódicas frente a la iniciativa privada, la ausencia de una planificación prospectiva deja al espacio expuesto a las solas fuerzas del mercado.

Si abordamos esta encrucijada desde la economía política crítica del espacio del geógrafo David Harvey, resulta evidente que el desorden territorial no es un mero fallo administrativo ni un simple déficit de regulación local, sino la consecuencia directa de un modelo de acumulación. En este esquema, el capital busca constantemente "arreglos espaciales" (spatial fixes) para valorizar sus excedentes, mercantilizando bienes comunes, privatizando plusvalías generadas colectivamente y externalizando los costos ambientales hacia toda la comunidad. En el caso específico de Concepción del Uruguay, esto se traduce en problemas estructurales graves relacionados a un crecimiento desordenado producto de un conjunto de excepciones que se han otorgado, permitiendo construir más allá de los sitios establecidos por el Plan Estratégico (PECU) del año 1999 y su revisión de 2009.

Nos encontramos con problemáticas críticas vinculadas a la movilidad, a la infraestructura de servicios, a una expansión descontrolada que ha creado vacíos urbanos, a la especulación inmobiliaria, a la gestión de residuos sólidos urbanos, la integración socio urbana de los barrios populares, a barrios con problemáticas crecientes de inseguridad y a una calidad de vida que se ve deteriorada hacia las periferias, como producto de apartarse de los lineamientos de los planes estratégicos. Si bien hoy se cuenta con un Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental que en alguna medida incorpora lineamientos ordenadores, urge la construcción de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial con la máxima participación ciudadana para dar respuestas al conjunto de la sociedad. La política de Estado parece haber contagiado a los gobiernos locales y es el mercado quien marca los rumbos, por lo que resulta imperativo recuperar un Estado fuerte, comprometido con la sociedad y con un plan que establezca qué ciudad queremos los uruguayenses.

Para comprender la magnitud de esta empresa y la gravedad del estado de situación, resulta ineludible recuperar las premisas teóricas de Carlos Matus, quien definió la planificación no como un mero ejercicio técnico de gabinete o una opción descartable, sino como una necesidad fundamental y un modo de vivir del hombre hacia la libertad. Matus advertía que la planificación opera como una mediación indispensable entre el futuro y el presente, ya que las decisiones fragmentadas que toleramos hoy determinan el colapso territorial de mañana. Cuando los gobiernos locales renuncian a planificar y permiten que sea el mercado el que marque los rumbos, la ciudad se vuelve esclava de las circunstancias. En el análisis matusiano, la planificación cumple funciones insustituibles que hoy brillan por su ausencia en la gestión local: actúa como previsión ante la complejidad frente a un espacio de múltiples posibilidades, aporta coherencia global frente a las acciones parciales y dispersas de los actores particulares, y se constituye como la mediación rigurosa entre el conocimiento y la acción para superar la improvisación.

Asimismo, la superación de este modelo fragmentario exige trascender el enfoque sectorial tradicional. El territorio no es una suma lineal de parcelas u obras aisladas, sino un sistema socioecológico complejo atravesado por dinámicas de interdependencia, bucles de retroalimentación e interacciones no lineales. Problemas estructurales como la dificultad en el acceso al suelo y la vivienda digna, las deficiencias en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la inequidad en la distribución del espacio público, la postergada integración socio-urbana de los barrios populares y los déficits crónicos en infraestructura no constituyen fenómenos aislados, sino síntomas emergentes de la totalidad del sistema territorial. Abordar cualquiera de ellos mediante parches coyunturales resulta inútil, ya que la perturbación simplemente se desplaza hacia otros subsistemas. Un Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental actúa precisamente como la plataforma holística capaz de aprehender las causales socioespaciales profundas.

Sin embargo, la inviabilidad histórica de muchos planes no radica únicamente en sus aspectos técnicos, sino en una severa falla de gobernanza local: la falta de apropiación política e institucional por parte de las máximas autoridades ejecutivas. Con frecuencia, estos instrumentos nacen desvinculados de las dinámicas reales de poder y de la agenda de gestión, convirtiéndose en volúmenes normativos que terminan olvidados en un estante. La verdadera gobernanza territorial exige construir un contrato social duradero entre el gobierno local y la ciudadanía, donde la planificación no sea percibida como un obstáculo burocrático, sino como la herramienta política más potente para blindar el interés público, encauzar las inversiones y evitar la captura del territorio por intereses corporativos.

Construir este Plan no consiste en redactar un catálogo estático de zonificaciones, sino en instituir una herramienta política y técnica capaz de subordinar la rentabilidad privada al bien común y al equilibrio ecológico. Como demuestra el análisis crítico del espacio, en ausencia de un marco ordenador vinculante, el suelo urbano y periurbano se fragmenta en función del mejor postor, promoviendo un crecimiento disperso, segregado y ambientalmente destructivo donde la inversión pública termina subsidiando emprendimientos exclusivos. Un plan integral invierte esta lógica: establece de forma anticipada, científica y participativa las directrices de ocupación, las capacidades de carga de los ecosistemas, las prioridades de inversión y la preservación irrestricta de las funciones biofísicas del territorio.

En conclusión, la exigencia de un plan ordenador constituye el antídoto fundamental contra la gobernanza por vía de la excepción. Continuar acumulando intervenciones aisladas sin el más mínimo análisis sistémico nos condena a administrar el síntoma en lugar de transformar las causas estructurales. La respuesta a la pregunta de por dónde empezamos es categórica: empezamos por recuperar la soberanía pública sobre la producción del espacio mediante la formulación e implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental integral. Sostenido en una verdadera gobernanza democrática y una firme convicción de los liderazgos locales, este proceso debe instituir al territorio como un sistema socioecológico indivisible, garantizando que el suelo, la naturaleza y los espacios públicos no sean tratados jamás como variables de ajuste o mercancías negociables, sino como los cimientos inalienables de la justicia ambiental y el destino colectivo de nuestra comunidad.

(Gentileza de Carina Amarillo)

(Gentileza de Carina Amarillo)