Licitación de la Caja de Jubilaciones de Colón: una compra de $68 millones que deja interrogantes
La adquisición de una camioneta 0 kilómetro por parte de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Colón quedó en el centro de una discusión que excede la simple compra de un vehículo. La propia resolución mediante la cual se adjudicó la Licitación Pública N° 07/2026 deja planteados distintos interrogantes sobre el procedimiento, los criterios utilizados para evaluar las ofertas y la decisión final del Directorio.
El llamado estableció un presupuesto oficial de $75 millones, IVA incluido, y contó con la participación de cuatro empresas: Haimovich Paraná S.A., Folmer S.A., Rudas S.A. y BB Comercial (Banchick), que en conjunto presentaron diferentes alternativas de vehículos.
Los cuatro oferentes
De acuerdo con el acta de apertura de sobres del 31 de julio, Haimovich Paraná S.A. presentó tres ofertas; Folmer S.A., dos; Rudas S.A., cuatro; y BB Comercial, tres alternativas.
Uno de los aspectos que más llama la atención surge de la documentación presentada por los oferentes.
Según el dictamen legal incorporado a la resolución, Haimovich Paraná S.A. fue desestimada por la falta de cinco requisitos formales. Entre ellos se encontraban la constitución de domicilio especial en Colón, la presentación de los pliegos y anexos rubricados, documentación sobre personería y representación, una declaración jurada y el libre deuda municipal.
Folmer S.A., por su parte, tenía un requisito formal pendiente: la nota de presentación con constitución de domicilio especial en la ciudad de Colón.
Mientras tanto, Rudas S.A., que finalmente resultó adjudicataria, presentaba dos faltantes: el comprobante de libre deuda ante la Municipalidad de Colón y la certificación de libre deuda ante ATER.
BB Comercial fue la única de las cuatro empresas que, según el dictamen legal, cumplió con la totalidad de los requisitos formales establecidos en el pliego.
La propia resolución señala que, ante la falta de hasta tres requisitos, la Caja se reservaba la posibilidad de otorgar un plazo de hasta cinco días hábiles para completar la documentación.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales del proceso: ¿por qué Haimovich quedó fuera por cinco incumplimientos, mientras que Rudas pudo continuar y finalmente quedarse con la adjudicación luego de completar dos requisitos?
El precio más bajo tampoco definió la compra
Otro punto relevante aparece al comparar los distintos dictámenes.
El contador de la institución recomendó adjudicar la licitación a BB Comercial, específicamente su alternativa N°1, por tratarse —según consta en la resolución— de la oferta más económica y encontrarse dentro del presupuesto aprobado.
Sin embargo, el criterio técnico fue diferente.
El jefe operativo colocó en primer lugar a Rudas S.A., alternativa N°2, Chevrolet S10 CD 2.8TD 4x4 LTZ AT; en segundo lugar a Folmer S.A. y luego a BB Comercial. Entre los argumentos mencionó las necesidades de la institución, las características de los vehículos y la posibilidad de contar con asesoramiento y servicio técnico de una empresa local con trayectoria.
Finalmente, el Directorio resolvió adjudicar la Licitación Pública N°07/2026 a Rudas S.A. por una Chevrolet S10 CD 2.8 TD 4x4 LTZ AT, por un monto total de $68 millones, incluyendo IVA, gastos de alistamiento, flete e inscripción inicial.
Una decisión que merece explicaciones
La Caja justificó la necesidad de incorporar la nueva unidad señalando que el vehículo que actualmente posee la institución fue adquirido originalmente para trayectos cortos y que los viajes vinculados con ferias, workshops y actividades de promoción turística estaban generando un desgaste acelerado.
Según la resolución, la nueva camioneta permitiría realizar viajes de larga distancia en mejores condiciones de seguridad y confort y trasladar merchandising y material promocional utilizado en esas actividades.
El planteo puede ser entendible, pero el debate pasa por otro lugar: ¿se evaluaron todas las alternativas con el mismo criterio? ¿Por qué la oferta más económica no fue la elegida? ¿Qué diferencia concreta justificó pagar por la alternativa finalmente seleccionada?
Son preguntas especialmente relevantes porque la propia documentación muestra que existieron cuatro empresas, diez propuestas en total y criterios diferentes entre el análisis económico, el técnico y la decisión final del Directorio.
Afiliados habían cuestionado la compra
La resolución también responde a una presentación realizada por afiliados y pasivos que cuestionaron la legitimidad del proceso.
El Directorio sostuvo que la adquisición estaba encuadrada legalmente como incorporación de un bien de uso y equipamiento operativo y que la erogación correspondía a partidas presupuestarias específicas, sin afectar —según los dictámenes incorporados— los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones ni la reserva obligatoria.
A su vez, cuestionó que la oposición estuviera firmada por solamente 18 afiliados, frente a una institución que, según la propia resolución, cuenta con más de 1.000 integrantes.
Finalmente, el Directorio desestimó en todos sus términos la oposición presentada y ratificó la adjudicación.
La documentación analizada no permite afirmar por sí sola que haya existido una irregularidad en la licitación. Pero sí expone una serie de situaciones que justifican el pedido de explicaciones públicas: cómo se aplicaron los requisitos formales a cada oferente, por qué se descartó la alternativa recomendada por el área contable y cuáles fueron los elementos concretos que llevaron al Directorio a determinar que la Chevrolet S10 de $68 millones era la opción más conveniente para la Caja.
En una institución que administra recursos previsionales, la transparencia no debería ser interpretada como un obstáculo. Explicar cómo se gastan los recursos y por qué se elige una determinada oferta es parte de la responsabilidad de quienes toman las decisiones.