STIA confirmó otros 210 despidos en Granja Tres Arroyos y ya suman alrededor de 480 trabajadores desvinculados
Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) dialogó en el programa Haceme la Segunda de Mavi TV, y confirmó que Granja Tres Arroyos concretó una nueva tanda de despidos en la planta de Concepción del Uruguay y aseguró que ya son alrededor de 480 los trabajadores desvinculados.
En diálogo con Mavi TV, el dirigente sindical explicó que los telegramas comenzaron a llegar desde el lunes y continuaron durante toda la semana.
“Se verificaron 210 despidos más. Hoy estamos en alrededor de 480 trabajadores despedidos”, señaló.
Trabajadores retiraron sus propios telegramas de despido
Chamorro contó que varios empleados debieron acercarse personalmente al Correo Argentino para retirar la carta documento porque, según les informaron, la empresa no había podido entregarlas en algunos domicilios.
“Los compañeros tuvieron que ir a retirar el documento de su propio despido para poder iniciar los trámites del seguro por desempleo o realizar las presentaciones legales correspondientes”, expresó.
Además, aseguró que empleados del correo les manifestaron que hubo demoras en la entrega de los telegramas porque la empresa no había abonado inicialmente el costo del envío.
Movilización al Ministerio de Trabajo
Frente al avance de los despidos, STIA anunció una movilización nacional junto a las federaciones del sector y con el respaldo de la CGT.
La protesta se realizará frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde reclamarán medidas para proteger los puestos laborales y una respuesta del Gobierno nacional.
Chamorro indicó que la crisis también afecta a otras plantas de Granja Tres Arroyos en distintas provincias, donde se registraron cientos de despidos adicionales.
“La solución tiene que ser política”
El dirigente sostuvo que, además de la responsabilidad de la empresa, es necesaria una intervención de los distintos niveles del Estado.
“La empresa tiene que resolver su situación financiera, pero los trabajadores necesitan soluciones urgentes”, afirmó.
Como antecedente, recordó la intervención del Estado entrerriano durante la crisis del frigorífico de Santa Elena en la década del 90, cuando se implementaron mecanismos para garantizar el pago de las indemnizaciones y luego reclamar esos fondos a la empresa.
Reclaman diálogo y certezas
Chamorro aseguró que desde hace cuatro meses el sindicato pidió precisiones sobre el futuro de la planta, pero nunca obtuvo respuestas.
“Le preguntamos a la empresa si iba a salvar la planta, reducir personal o buscar inversores. Necesitábamos saber para qué prepararnos y cómo defender a los trabajadores. Nunca nos dieron una respuesta”, manifestó.
También remarcó que el gremio no descarta alternativas para sostener la actividad, como negociaciones con posibles inversores o esquemas transitorios que permitan preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible.
“Los trabajadores también somos acreedores. Se deben salarios, aportes a la obra social y ahora también indemnizaciones. No pueden invisibilizar a quienes hicieron funcionar la empresa”, concluyó.