Alimentación escolar en Entre Ríos: el Concejo aprobó por amplia mayoría un proyecto que exige transparencia, calidad nutricional y defensa de las economías locales

El Concejo Deliberante aprobó por amplia mayoría un Proyecto de Comunicación impulsado por los Bloques Entre Todos Entre Ríos y Juntos por Uruguay, mediante el cual solicita al Gobierno de Entre Ríos, entre otras medidas, la derogación del Decreto N.º 852/2026. La iniciativa propone un análisis integral del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares, poniendo el foco en la salud de niñas, niños y adolescentes, la calidad de los alimentos, el uso eficiente de los recursos públicos y el impacto económico sobre los comercios y productores entrerrianos.

El Proyecto de Comunicación fue aprobado por amplia mayoría. Votaron por la negativa la representante del bloque Juntos por Entre Ríos y los concejales que representan a La Libertad Avanza y La Libertad Avanza Entre Ríos.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Provincial, entre otros puntos, la derogación del Decreto N.º 852/2026 y la remisión de toda la documentación técnica, nutricional, económica y administrativa que respaldó el cambio del sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares. También requiere que se hagan públicos los estudios, evaluaciones y antecedentes vinculados al proceso licitatorio.

El proyecto sostiene que la alimentación escolar no puede abordarse únicamente desde una perspectiva administrativa. Afirma que se trata de una política pública esencial para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una alimentación saludable, favorecer su desarrollo físico e intelectual y promover mejores oportunidades de aprendizaje.

Asimismo, plantea la necesidad de conocer si el nuevo esquema fue diseñado con la participación de profesionales especializados en nutrición infantil, cuáles serán los alimentos que recibirán los estudiantes, su composición nutricional y si cumplen con los estándares establecidos por la legislación vigente en materia de alimentación saludable.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es el impacto económico del nuevo sistema. El proyecto advierte que la centralización de las compras podría desplazar a numerosos comercios, distribuidores y productores entrerrianos que actualmente abastecen a las escuelas, afectando la circulación de recursos dentro de las economías locales. Además, solicita explicaciones sobre el incremento del costo de la prestación, que según declaraciones públicas pasaría de aproximadamente 22.000 millones a 42.000 millones de pesos anuales, y requiere que el Gobierno fundamente técnica y económicamente esa diferencia.

Finalmente, el Proyecto de Comunicación propone la creación de una Mesa Intersectorial integrada por organismos públicos, profesionales de la nutrición, instituciones académicas, representantes del comercio y de la producción entrerriana, con el objetivo de construir consensos y evaluar el impacto sanitario, educativo, económico y social del nuevo sistema antes de su implementación definitiva.

“La alimentación escolar no es una cuestión logística. Es una política pública que involucra la salud de nuestros niños, la calidad de los alimentos que reciben, el destino de los recursos públicos y el fortalecimiento de la producción y el comercio entrerriano. Por eso entendemos que decisiones de esta magnitud deben estar respaldadas por evidencia, transparencia y diálogo con todos los sectores involucrados.”